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Eduardo López Betancourt
La elección de numerosos integrantes del PJF y de algunas entidades del País ha dejado un sinnúmero de dudas. Lo más grave es que se pretende designar como jueces a personas con antecedentes cuestionables y, en muchos casos, sin la experiencia necesaria.
Si bien elegir a un togado por medio del voto popular representa un avance significativo y un acierto en nuestra vida democrática, lo fundamental es que los candidatos sean seleccionados con rigor. No puede repetirse lo ocurrido el pasado primero de junio, cuando prácticamente cualquier persona con un título de Licenciado en Derecho pudo aspirar incluso al cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este criterio tan laxo ha generado una situación alarmante: están por asumir cargos de gran relevancia personas, en el mejor de los casos, mediocres, y en el peor, con antecedentes penales o sin preparación adecuada.
Diversos medios nacionales han documentado casos concretos de jueces cuya idoneidad está en entredicho. Entre ellos, destaca una abogada de apellido Menchaca, electa como jueza de Distrito en materia administrativa, quien ha sido detenida por lesiones culposas y tiene presuntos vínculos con personas sentenciadas por delitos graves. Se asegura que es hija de Nicolás Menchaca, obispo de La Luz del Mundo, una organización religiosa cuestionada por diversas razones.
También se menciona a un magistrado de apellido Burgos, presuntamente vinculado a una red de trata de personas y acusado de abuso sexual. De hecho, se le ha negado la visa de entrada a los Estados Unidos. Asimismo, fue elegida como jueza penal en Chihuahua una abogada de apellido Delgado, quien formó parte del equipo legal que defendió al conocido narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán. Otro caso llamativo es el de Rafael Aguilar, también relacionado con la iglesia La Luz del Mundo, que habría operado políticamente para favorecer algunas de estas elecciones.
En conclusión, el tema es preocupante: ¿Quiénes serán los próximos juzgadores de nuestro País? La legitimidad del PJ no solo depende de la forma en que se eligen sus integrantes, sino, sobre todo, de su integridad, capacidad y compromiso con la justicia. De lo contrario, corremos el riesgo de institucionalizar la impunidad desde los propios Tribunales.
