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En el Estado de México se concentra el 15.1% de toda la población penitenciaria nacional, posicionándose como la entidad con el mayor número de reclusos
Por Juan R. Hernández
Grupo Cantón
Con una población penitenciaria de 35 mil 325 personas privadas de la libertad, el Estado de México concentra el 15.1% del total nacional, posicionándose como la entidad con mayor número de reclusos en el país, según el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2024 del INEGI.
De este total, 33 mil 067 son hombres y 2 mil 258 mujeres, lo que refleja una proporción de 93.6% de varones y 6.4% de mujeres. El sistema penitenciario mexiquense enfrenta una situación crítica de sobrepoblación con una tasa de ocupación del 236.8%, la más alta del país, más del doble de su capacidad instalada.
Los delitos más frecuentes cometidos por las personas internas en el Estado de México incluyen homicidio, secuestro, delitos contra la salud y robo con violencia, aunque el informe no desglosa por entidad los tipos delictivos específicos.
Además, el 100% de los reclusos sin sentencia en el Edomex están en prisión preventiva oficiosa, lo que refleja una profunda problemática de rezago judicial. A nivel nacional, 37.2% de los internos no tienen sentencia, pero en esta entidad el panorama es aún más restrictivo y sin opciones de medidas alternativas.
De los reclusos mexiquenses, solo 125 mil 312 personas a nivel nacional tienen sentencia, lo que representa el 53.7% del total; el resto se encuentra en espera de juicio o sin resolución jurídica clara.
El Estado de México ocupa el primer lugar nacional en población penitenciaria, seguido por la Ciudad de México (25,506 internos), Jalisco (13,334), Baja California (13,152) y Sonora (10,966). Estas cinco entidades concentran más de un tercio de la población penitenciaria total del país.
El hacinamiento, deficiencias estructurales y la escasez de recursos para reinserción social han generado una crisis interna en los centros penitenciarios mexiquenses, donde además prevalece una alta proporción de internos con discapacidades o pertenencia a pueblos indígenas.
El sistema penitenciario mexiquense enfrenta, así, una encrucijada urgente que requiere atención estructural, mayor inversión, reformas judiciales y políticas de reinserción efectivas para evitar un colapso institucional.
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