Visitas
Redacción
Con una presencia pública discreta, pero una influencia determinante en los círculos de poder de Baja California, el empresario Fernando Salgado Chávez ha sido identificado como una aduana infranqueable en la toma de decisiones políticas y empresariales en municipios como Tijuana, Rosarito y Ensenada.
Originario de Ensenada, Salgado ha cultivado una red de relaciones estratégicas que le ha permitido intervenir en el desarrollo urbano y la asignación personalizada de obras públicas a lo largo del estado. Durante el gobierno de Armando Ayala en Ensenada, su influencia fue ampliamente comentada por empresarios y desarrolladores, quienes lo señalaron como un actor que condicionaba proyectos a acuerdos extraoficiales.
Uno de los vínculos más relevantes en su red de poder es su relación con el exfiscal general del estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, con quien mantiene una amistad y compadrazgo de más de 15 años.
Esta misma empresa es propietaria de la residencia ubicada en Rancho Santa Fe, California, que apareció en redes sociales de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda durante una celebración familiar en junio de 2024.
En el ámbito municipal, empresarios han señalado que Salgado Chávez opera una estructura de control político-administrativo dentro del Ayuntamiento de Tijuana, encabezado por el alcalde Ismael Burgueño Ruiz. Según testimonios obtenidos, funcionarios como Enrique Díaz Pérez (Desarrollo Urbano), Pedro Montejo Peterson (Economía), Juan Diego Mascareño López (IMPLAN), Nelly del Carmen Pabello Vega (Oficialía Mayor) y Fran Ochoa Chávez (Obras e Infraestructura), responderían directamente a instrucciones del empresario, no del alcalde.
Esta red, aseguran diversos desarrolladores, ha obstaculizado múltiples proyectos por no alinearse a acuerdos financieros externos. Como resultado, varios inversionistas han optado por pausar sus iniciativas hasta la conclusión del actual gobierno municipal.
Hasta sueñan que la elección la hubiera ganado Erik El Terrible Morales. Habría un alcalde.
Las revelaciones sobre la mansión en Rancho Santa Fe y la participación de personas cercanas al exfiscal en la empresa de Salgado Chávez han encendido alertas sobre el nivel de penetración de intereses privados en la gestión pública de Baja California.
La pregunta ahora es si estas denuncias cambiarán el curso de la administración pública en los municipios involucrados o si se mantendrá la influencia de Fernando Salgado Chávez en los próximos meses. Mientras tanto, lo que antes era un secreto a voces en el ámbito político bajacaliforniano ha salido a la luz con fuerza inusitada.
