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Sujetos sin escrúpulos engañan con la supuesta oferta de predios con los que estafan a familias con papeles falsos y promesas baratas perdiendo sus ahorros.
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
La promesa de una vivienda propia está siendo usada como anzuelo en una red creciente de fraudes con terrenos ejidales en la región oriente del Estado de México, donde comerciantes, vecinos y autoridades locales denuncian un patrón preocupante: la venta ilegal de predios, sin validez jurídica a personas que terminan perdiendo sus ahorros y su tranquilidad.
En comunidades como Atlatongo y Purificación del municipio de Teotihuacán el negocio ilícito de fraccionar y vender terrenos de uso común ha tomado fuerza en los últimos meses. Grupos de estafadores se presentan con supuestos documentos de regularización, venden lotes a bajo costo y luego desaparecen.
“Todo parecía estar en regla. Cuando quise construir, me dijeron que ese terreno no podía venderse porque era ejidal. Fue como una cachetada”, cuenta con desesperación Laura González, madre de tres hijos que invirtió todos sus ahorros en un predio que ahora le prohíben ocupar.
Ante el incremento de estas prácticas, el Comité de Prevención y Control del Crecimiento Urbano emitió una alerta formal y exhortó a la población a verificar el estatus legal de cualquier predio en la Dirección de Desarrollo Urbano. Pese a ello, la respuesta oficial ha sido, para muchos, insuficiente.
“Multan con cinco mil pesos, pero los pillos ganan cientos de miles. Es como poner un curita a una herida abierta”, opinó Juan Martínez, comerciante ferretero que asegura haber visto al mismo vendedor reincidir tras pagar su sanción.
El presidente municipal Mario Paredes de la Torre confirmó la detención de cuatro personas involucradas en estos esquemas, aunque reconoció que la demanda de terrenos motivada por la falta de vivienda accesible sigue alimentando el problema. “Nos toca combatir no sólo el fraude, sino la raíz del problema: la especulación y la falta de regulación”, admitió.
La administración municipal habilitó una línea directa con la Fiscalía Especial contra Fraccionadores (595 95 44 957) para atender denuncias, además de reforzar operativos en zonas de riesgo.
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