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Exigen tipificar el reclutamiento de menores como delito autónomo en el Código Penal Federal; el crimen organizado utiliza a menores como fuerza de trabajo desechable.
REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- De acuerdo con datos de la organización Reinserta, en México entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes se encuentran en peligro de ser reclutados por el crimen organizado, según un estudio realizado por REDIM. La situación es crítica: menores de 9 a 11 años son captados por grupos delictivos (CIDH, 2015), y en 2024 se registran 28 desapariciones diarias de menores (Registro Nacional de Personas Desaparecidas).
Ante esta emergencia, Reinserta exigió tipificar el reclutamiento de menores como delito autónomo en el Código Penal Federal, reconociéndolos como víctimas y no como responsables.
El crimen organizado utiliza a menores como fuerza de trabajo desechable, asignándoles roles de vigilancia, mensajería o incluso ejecuciones. La investigación “Niñas, niños y adolescentes reclutados por la delincuencia organizada en México” (2021) documentó más de 80 testimonios que evidencian esta práctica sistemática.
El cortometraje “Nunca Fuimos Niños”, lanzado el pasado 30 de abril, visibiliza estas historias con un llamado urgente a la acción. Casos como el Rancho Izaguirre demuestran que persisten factores como la desigualdad, abandono institucional e impunidad.
Reinserta propuso tres acciones clave: 1) Tipificar el reclutamiento como delito federal autónomo, 2) Crear rutas de prevención y protección interinstitucionales, y 3) Establecer mecanismos de reparación integral. “Debemos transformar el enfoque: son víctimas que requieren rehabilitación, no criminalización”, señaló la organización. Pese al Fondo de Pensiones del Bienestar y reformas a las Afores (2020), la vulnerabilidad de menores sigue aumentando.
Mientras las infancias mexicanas son arrebatadas por la violencia, la falta de un marco legal específico permite que el reclutamiento siga operando en la impunidad. Organismos internacionales han alertado que México ocupa el segundo lugar en América Latina en reclutamiento infantil forzado, pero las acciones concretas siguen pendientes. “Estamos ante una deuda histórica con las generaciones futuras”, concluyó Reinserta, al exigir que el Estado priorice esta agenda en el próximo periodo legislativo.
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