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Por Mario López
Grupo Cantón
A cinco meses de haber asumido el cargo, el presidente municipal de San Felipe del Progreso, Jaime Torres Marín, enfrenta severas críticas por la persistencia de múltiples problemas que afectan la calidad de vida en el municipio.
A pesar de algunos anuncios oficiales sobre obras de drenaje en la zona del hospital general y el plantel CECyTEM, vecinos denuncian que las acciones del edil no han resuelto los principales rezagos estructurales de la región.
El edil ha sido señalado por obligar a comités ciudadanos a firmar convenios que entregan el control del recurso del FAISPIAM destinado a pueblos indígenas directamente a su administración. En comunidades como Dote Giaje, pobladores denuncian que servidores de la nación, presuntamente cooptados por el alcalde, promueven estos convenios sin consulta real a los beneficiarios mazahuas.
Bajo el gobierno, continúan sin resolverse la falta de agua potable, la crisis en los servicios de salud y la creciente inseguridad agraria. Además, la contaminación en zonas boscosas por tiraderos clandestinos y el deterioro de caminos rurales evidencian un abandono institucional.
Cabe destacar que, aunque el presidente ha promovido mediáticamente el estatus de ciudad para San Felipe, este cambio político no se ha traducido en mejoras tangibles para la población. Las promesas siguen sin cumplirse y la desconfianza ciudadana crece.
Analistas locales aseguran que “hoy más que nunca, los habitantes exigen que Torres Marín cumpla su deber y atienda de fondo los problemas que aquejan al municipio, sin lucrar con el presupuesto destinado a las comunidades originarias”.
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