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Por Juan R. Hernández
La fiesta terminó en tragedia. En poco más de un mes, tres eventos masivos en la Ciudad de México se han teñido de luto, cobrando la vida de dos jóvenes fotógrafos —Miguel Ángel Rojas Hernández y Berenice Giles Rivera— y dejando una decena de personas heridas. Pese a la gravedad, no hay sanciones visibles ni responsables claros. Las investigaciones siguen abiertas, pero el dolor ya se instaló en las familias y el cuestionamiento en la sociedad: ¿quién garantiza la seguridad en los espectáculos públicos?
En respuesta, el diputado Paulo Emilio García, vocero de la Bancada de Morena, anunció una iniciativa para reformar la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la CDMX. Desde “La Chilanguera”, señaló que es urgente revisar a fondo el papel de todas las autoridades involucradas, desde organizadores hasta supervisores. “La Ciudad de México ejerce sus derechos culturales como ninguna otra. Pero estos derechos no pueden ejercerse sin garantías mínimas de seguridad”, subrayó.
El contraste institucional es revelador. Mientras el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, apareció en el Parque Bicentenario un día después del accidente —tras asistir a una boda—, su homólogo de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, actuó de inmediato: acudió al sitio, apoyó a lesionados, colaboró con autoridades y puso recursos de la Alcaldía a disposición de las víctimas.
Estos hechos no deben quedarse en la anécdota política. En todos los casos recientes, la Fiscalía General de Justicia abrió carpetas de investigación, pero la única constante ha sido el incumplimiento o la falta de verificación de los programas de protección civil.
La reforma anunciada es necesaria, sí, pero también lo es una sacudida institucional. Porque detrás de cada omisión, hay vidas que ya no volverán.
