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Pese a que las familias afectadas han buscado a las autoridades competentes para obtener respuesta, el gobierno local simplemente ignora la problemática
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
EdomeX.- En un paraje rural de 17 hectáreas, ubicado en la franja fronteriza entre el Estado de México e Hidalgo, crece una preocupación que trasciende límites territoriales: vecinos de Santiago Tlaltepoxco, denuncian que el Ayuntamiento de Huehuetoca, ha convertido ese terreno, en un tiradero clandestino disfrazado de “Centro de Reciclado”. En el sitio diariamente se depositan toneladas de basura, sin control, ni tratamiento adecuado.
La situación ha provocado alarma entre los habitantes, quienes acusan al gobierno local de operar el sitio de forma irregular, sin la infraestructura básica ni los permisos sanitarios necesarios.
La comunidad expone que, en el sitio, no hay maquinaria, ni procesos de reciclaje, solo llegan los camiones, vacían los residuos y luego los cubren con tierra.
A simple vista, el predio parece una extensión sin urbanizar, pero en su interior se acumulan montones de desechos provenientes, principalmente, del fraccionamiento Santa Teresa, uno de los desarrollos más grandes de Tlaltepoxco.
El problema, sin embargo, no se limita a los residuos sólidos. Los lixiviados, líquidos altamente contaminantes que se desprenden de la basura, son canalizados mediante una tubería hacia parcelas del Ejido de Conejos, en Atotonilco de Tula, Hidalgo, contaminando los cultivos y los mantos acuíferos de la región.
“Nos están matando poco a poco. Las aguas negras corren hacia nuestras tierras, el olor es insoportable y ya hay enfermedades respiratorias en niños y adultos. Esto no puede seguir así”, afirmó una mujer de la comunidad hidalguense que pidió reservar su identidad por temor a represalias.
La problemática se ha denunciado en distintas ocasiones ante autoridades ambientales estatales y municipales, pero los habitantes aseguran que no ha habido inspecciones, ni medidas correctivas. Más aún, sospechan que existe una red de complicidad entre la empresa que administra el lugar y funcionarios locales que habrían otorgado permisos irregulares en el lugar.
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