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La Asociación de Venta y Distribución de Hidrocarburos de México solicita a la FGR y a la Auditoría Superior de la Federación indagar a José Adalberto Vega Regalado, legislador del PVEM, por su relación con el contrabando de combustibles, lo que es mejor conocido como huachicol.
Piden además el retiro de su fuero, respaldados en la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum contra ese tipo de privilegios.
La Asociación de Venta y Distribución de Hidrocarburos de México (ADIVEM) alista una solicitud formal a la Fiscalía General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación investigar al actual diputado federal José Adalberto Vega Regalado, por sus presuntos nexos con el llamado “huachicol fronterizo” y con empresarios ligados al contrabando de combustibles desde Tamaulipas y Nuevo León.
Pese a que el legislador cuenta actualmente con fuero constitucional, desde noviembre de 2024 que tomó protesta en la Cámara de Diputados como suplente, la ADIVEM expresó su confianza en que dicho privilegio sea eliminado próximamente, tal como lo ha manifestado la presidenta Claudia Sheinbaum. La mandataria se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra del fuero, argumentando que este protege a funcionarios que hayan cometido delitos por el simple hecho de pertenecer al poder legislativo o a cualquier otro órgano del Estado.
El nombramiento de José Adalberto Vega Regalado como diputado federal suplente por el Partido Verde se realizó pese a señalamientos por múltiples irregularidades que han marcado su trayectoria como funcionario público, particularmente durante su gestión como delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Nuevo León y Veracruz.
Vega Regalado ha sido acusado de incurrir en prácticas que vulneran tanto el marco legal como la ética administrativa. Una de las más graves es que firmaba contratos millonarios como ingeniero civil sin contar con cédula profesional, incurriendo en presunta usurpación de funciones, delito penado por el Código Penal de Nuevo León con hasta tres años de prisión.
La Secretaría de Educación Pública no registra ningún título profesional a su nombre, pese a haber desempeñado funciones técnicas clave en la asignación y supervisión de obra pública federal.
Además, su cercanía con el empresario tamaulipeco Sergio Carmona, ejecutado en 2021 y señalado como operador de redes de huachicol y financiamiento ilegal a campañas políticas, pone en entredicho su integridad.
Entre 2020 y 2021, Vega fue señalado de realizar al menos cuatro vuelos privados con Carmona —según documentos de la Agencia Federal de Aviación Civil—, algunos de ellos poco antes de reasignarle contratos previamente licitados a otras empresas.
La conducta de Vega también ha sido cuestionada en Veracruz, donde fue acusado por empresarios del sector de construcción de encabezar un sistema de sobornos por obra pública. Se calcula que los “moches” exigidos por su oficina alcanzaban el 22% del monto total adjudicado, en contratos frecuentemente otorgados sin concurso y con avance físico menor al 70%.
El presidente de la Confederación de Industriales de la Construcción, Marcos Salas Contreras, señaló que Vega, junto con otros funcionarios de la SCT, instauró un esquema de corrupción que marginaba a empresas independientes en favor de una red de prestanombres y compañías “a modo”.
Reacciones
Desde la sociedad civil, el Observatorio Mexicano de la Corrupción y la Impunidad calificó como “gravísima” la incorporación de Vega al Congreso. “No se trata solo de un caso de impunidad, sino de una señal clara de que el sistema sigue premiando el desvío de recursos públicos. Su llegada al Legislativo debería alarmar a todos los ciudadanos”, afirmó su directora, Mariana Campos.
Por su parte, la entonces diputada federal Martha Tagle (MC) exhortó, en su momento, al Congreso a revisar la legalidad de su nombramiento. “Es urgente que se active la Comisión de Vigilancia y se llame a comparecer a este personaje. No puede sentarse en la curul alguien que firmaba contratos sin cédula profesional y volaba en jets privados con un empresario vinculado al crimen organizado”, declaró.
En tanto, el constitucionalista Miguel Carbonell explicó que, si se comprobaba que Vega ejerció funciones públicas sin acreditación profesional válida, podría enfrentar responsabilidades penales y administrativas. “Aunque ahora tenga fuero, los delitos anteriores no prescriben si ya hay pruebas documentadas”, subrayó.
Exigencia de rendición de cuentas
La organización México Evalúa instó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a reabrir las auditorías a contratos adjudicados por Vega durante su paso por la SCT, particularmente en los estados de Nuevo León y Veracruz. “Existen evidencias suficientes para investigar daño al erario público y redes de colusión”, indicó en un comunicado.
Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente escepticismo el ascenso político de figuras como Vega Regalado, que simbolizan —según activistas y académicos— la persistencia de estructuras clientelares y prácticas corruptas en el aparato del Estado mexicano.
