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TEPJF determinó que los aspirantes pueden perder su candidatura si infringen algunas de las disposiciones establecidas en los lineamientos
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El Tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que los candidatos a un puesto en el Poder Judicial de la Federación (PJF) en las elecciones judiciales del próximo 1 de julio, perderán el registro de su candidatura por cualquier falta considerada grave si se quebrantan los lineamientos de fiscalización, como contratar espacios en televisión y radio; asistir a eventos partidistas, recibir recursos públicos o privados; además que será el Instituto Nacional Electoral (INE) el responsable de la fiscalización de los recursos empleados por los aspirantes.
De tal manera que el máximo tribunal electoral del país habilitó el Mecanismo Electrónico para la Fiscalización de Personas Candidatas a Juzgadoras (MEFIC) la cual servirá para que todos los contendientes detallen sobre sus ingresos, gastos, contratación de proveedores y demás actividades relacionadas con sus campañas.
De acuerdo a lo establecido, el límite en los gastos que tendrán los candidatos a los puestos de ministros de la Corte, así como quienes competirán por formar parte del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral será de 1 millón 468 mil 841 pesos; mientras que para las candidaturas para magistrados de las Salas Regionales del Tribunal Electoral quedó en 881 mil 304 pesos.
El monto que no deberán rebasar los aspirantes a las magistraturas de los Tribunales de Circuito y de Apelación es de 413 mil 111 pesos, y para las personas juzgadoras de Distrito su tope de campaña se determinó en los 220 mil 326 pesos.
Según los lineamientos de fiscalización tienen por objeto regular la presentación de información comprobatoria de las operaciones ante la UTF y los mecanismos de revisión del origen y destino de recursos en los procesos de elección de cargos del poder judicial federal y locales.
Su objetivo es salvaguardar los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, transparencia, equidad y paridad de género, así como garantizar el origen, monto, destino y correcta aplicación de los ingresos y egresos por parte de las personas reguladas.
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