439 lecturas
Por Eduardo López Betancourt
La industria aeronáutica es un sector complejo y globalizado, que requiere regulaciones efectivas para proteger los derechos de los usuarios. Sin embargo, la extraterritorialidad y la falta de jurisdicción de los gobiernos locales sobre las líneas aéreas extranjeras, crean un vacío legal que les permite actuar con impunidad.
Los retrasos y cancelaciones de vuelos son algunos de los problemas más comunes, donde, las aerolíneas suelen alegar razones técnicas o climáticas para justificar estos incidentes, pero en muchos casos, se trata de una mala gestión y planificación. En particular las líneas aéreas, llamadas de “bajo costo”, suelen ofrecer precios atractivos, pero a menudo esconden cobros adicionales y restricciones que resultan en pérdidas significativas para los usuarios y gastos inesperados.
En México, la falta de una institución efectiva que ponga orden a los abusos mencionados, es algo grave. Los clientes no tienen una instancia clara a la que puedan recurrir para resolver y obtener compensaciones justas.
Para abordar estas situaciones, se debería establecer un órgano regulador independiente, con la autoridad para supervisar y sancionar a las empresas que no cumplan con sus obligaciones; crear condiciones transparentes en los contratos de transporte aéreo, incluyendo la responsabilidad en caso de retrasos o cancelaciones; implementar medidas de protección y proporcionar información, sin que estas sufran cambios a capricho, sobre los costos y condiciones de vuelo, así como sanciones efectivas, multas y otras medidas coercitivas y, fomentar la cooperación internacional para abordar los conflictos de extraterritorialidad y las aerolíneas extranjeras cumplan con las regulaciones locales. Solo así se puede lograr un equilibrio entre la libertad de mercado y la protección al usuario.
Hay líneas que, no siendo baratas, también cometen arbitrariedades al por mayor. Como, por ejemplo, Air France, KLM y sin duda la española “Iberia”, ésta última, vende boletos a precios considerables, pero “mañosamente”, no asignan asientos, para obtener más ganancias. Si un matrimonio viaja con ellos y desean ir como corresponde (juntos), deberán pagar un sobreprecio. Este es sólo uno de los múltiples atropellos, sobre los cuales, las autoridades competentes se ven rebasadas.
En México de manera concreta, dado el desorden jurídico que impera, los órganos jurisdiccionales continuamente desechan las demandas, dejando en estado de indefensión a los usuarios.
