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Los representantes y voceros de los medios públicos pusieron el grito en el cielo ante la iniciativa de la doctora Sheinbaum de los cambios en la Ley de Telecomunicaciones, un documento de más de 300 páginas que los legisladores discutirán este fin de semana para ser votado la próxima.
Mucha polémica, sobre todo con iniciativas específicas como la del artículo 109 con el que se pretende bloquear temporalmente las plataformas que incumplan con las disposiciones gubernamentales como la de transmitir “publicidad, propaganda o información de gobiernos extranjeros distinta a la de fines culturales o artísticos”; se crea la Agencia de Transformación Digital; se impondrán multas del 5% a plataformas y medios que incumplan las disposiciones. Y restituyen los derechos de las audiencias derogados en 2017
La reforma en materia de Telecomunicaciones intenta restituir las facultades perdidas a través de sexenios por el cabildeo de las televisoras y sobre todo dotar de herramientas jurídicas para regular las transmisiones. Una ley que estaba anunciada desde diciembre y que ha sido detonada esta semana a raíz de la campaña sucia de Estados Unidos.
Los detractores han llamado a la iniciativa el Big Brother sobre todo por la revisión de todos los contenidos extranjeros, como enuncia el artículo 201 de dicha iniciativa.
Otra de las críticas ha sido el proceso tan rápido de aprobación de las cámaras para dichos cambios, olvidan quizá, que la llamada Ley Peña-Televisa, fue aprobada en 7 minutos SIN REVISIÓN. Regula y acota también la competencia y aunque ninguna ley es retroactiva en perjuicio de nadie, sí servirá para comenzar a acotar la irresponsabilidad de los medios que, solo para ganar dinero, muestran contenidos ofensivos, mentirosos y carentes de ética que, además, favorecen los discursos de odio extranjeros hacia la población.
Todas las leyes son perfectibles y esta ley tendrá que ser pulida y reformada, pero insisto en que es un gran paso para eliminar poco a poco el exceso y son justamente las voces que se han valido de los medios públicos, vendiendo como derecho a la libre expresión y la información el abuso que se ha hecho de los medios y el alcance de la comunicación concesionada que tienen. Con todo, no se tocaron las concesiones por 20 años prorrogables en automático de las que gozan los actuales concesionarios.
Por Ana María Vázquez
Escritora/Dramaturga
@Anamariavazquez
