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Por Juan R.Hernández
En la Ciudad de México, tener una vivienda propia no solo representa estabilidad, sino uno de los anhelos más profundos de quienes la habitan. Sin embargo, ese sueño ha sido violentado por la creciente ola de despojos e invasiones, delitos que han encontrado un terreno fértil en la impunidad y en la complicidad de redes que lucran con la necesidad y la vulnerabilidad. Según datos de la Fiscalía capitalina, los despojos de inmuebles crecieron más de 200% entre 2018 y 2023. Frente a este panorama, los diputados Alberto Martínez Urincho e Israel Moreno Rivera han propuesto reformar los códigos penales federal y local para endurecer las penas contra quienes invadan o se apropien ilegalmente de propiedades, contemplando de seis a doce años de prisión, y hasta 16 en caso de reincidencia.
Estas propuestas llegan en buen momento, porque el despojo no solo arrebata ladrillos: destruye hogares, arrasa con la dignidad y daña el tejido social. Pero los desafíos legales no terminan ahí. Otro de los crímenes más atroces —y a menudo invisibilizados— es el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte del crimen organizado. El diputado Pedro Haces Lago ha planteado crear un tipo penal autónomo que sancione esta práctica como lo que es: una gravísima violación a los derechos humanos. ¿Cómo es posible que, pese a las estimaciones que hablan de hasta 45 mil menores cooptados, no exista una sola sentencia por este delito en México?
Y mientras el Congreso busca llenar esos vacíos jurídicos, la sociedad civil también actúa. La diputada Xóchitl Bravo presentó el “Trenzatón Capitalino” en Tlalpan, una iniciativa que busca recolectar cabello para pelucas destinadas a niñas y mujeres con cáncer. Un acto de empatía que contrasta con la crudeza de la criminalidad que arrebata infancias y hogares. Urge que nuestras leyes estén a la altura de esa sensibilidad.
