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Por Juan R. Hernández
La defensa del Bosque de Chapultepec no es un gesto simbólico: es una declaración de principios. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dejó claro al pronunciarse contra cualquier intento de privatización o desarrollo inmobiliario en esta zona vital para la Ciudad de México. Su postura firme llega justo cuando un predio de más de 4,800 metros cuadrados estuvo a punto de cambiar su uso de suelo, una acción que habría abierto la puerta a intereses privados en uno de los pulmones más importantes de la capital.
Sheinbaum celebró la decisión del Congreso local de rechazar dicha modificación y recordó algo fundamental: en esta ciudad, sólo el Congreso puede aprobar cambios de uso de suelo, no las alcaldías. La precisión no es menor. En tiempos donde algunos gobiernos locales se inclinan por los intereses inmobiliarios disfrazados de “desarrollo urbano”, conviene recordar los límites de su autoridad.
Lo preocupante es que estas tentaciones inmobiliarias no son nuevas. La historia del Bosque de Chapultepec está plagada de intentos por fraccionarlo, concesionarlo o transformarlo en espacio privado bajo el argumento de modernizar o aprovechar sus recursos. Por eso es tan relevante que desde la presidencia se marque un límite claro: no se permitirá la urbanización del bosque. Punto.
La advertencia a la alcaldía Miguel Hidalgo es contundente: no pueden —ni deben— emitir permisos para construir en un área clasificada como suelo no urbano. La legalidad es clara, y lo que está en juego no es sólo un pedazo de tierra: es el derecho colectivo a un entorno natural sano y preservado.
Chapultepec no está en venta. No lo estuvo ayer y no debe estarlo mañana. Cuidarlo es una responsabilidad compartida, pero corresponde a las autoridades blindarlo de cualquier ambición disfrazada de progreso. Porque en una ciudad tan viva como la nuestra, el bosque es mucho más que árboles: es historia, es aire, es futuro.
