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La actual alcaldesa de San Antonio la Isla diseñó la mayoría de programas del DIF local, sin embargo, tras su paso brotan irregularidades que dejó su administración
OMAR MONTALVO
Edomex.- En el Ayuntamiento de San Antonio la Isla la actual titular, Alejandra Castro, fue la presidenta del Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia (DIF) municipal durante la administración anterior que encabezó Liz Sandoval (2022-2024).
De acuerdo con los resultados de investigaciones del Órgano Superior Fiscalizador del Estado de México (Osfem), el DIF a manos de Castro Nava, tuvo una constante simulación de programas y el manejo de recursos públicos con cuentas bancarias externas.
En la revisión fiscal sobre los gastos hechos en 2023 en el DIF de San Antonio la Isla, el Osfem detectó que de 18 programas sociales de gobierno “la entidad solamente contó con asignación de recursos y programación de unidades de meta en 6 de ellos, durante el Ejercicio Fiscal los 6 programas presentaron pagos mayores al autorizado; con relación a la ejecución de metas el programa ‘Prevención médica para la comunidad’ no ejecutó metas sólo reportó recurso pagado”.
Una observación similar hizo el Osfem al analizar los 19 programas de gobierno, ya que el DIF mientras estuvo en 2023 cargo de Alejandra Castro, sólo destinó recursos.
Las investigaciones del Órgano Fiscalizador se extendieron a la revisión de los bienes muebles que son propiedad del DIF municipal y encontró que no estaba reportado mobiliario con valor de aproximadamente 109 mil pesos, “por lo que no cumplió con lo establecido en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental vigente, al utilizar una cuenta no autorizada en el Estado de México”.
Asimismo, se detectaron irregularidades respecto al presupuesto destinado en servicios personales, donde se incluyen los gastos de mantenimiento, servicios y salarios, ya que mientras Alejandra Castro encabezó el DIF municipal, se gastó hasta 140 por ciento más de los recursos autorizados, “el recurso pagado fue mayor al autorizado por 2 millones 828 miles de pesos” añade la fiscalización.
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