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Empresarios de tortillerías eran obligados a pagar cuotas ilegales y a adquirir insumos exclusivamente con proveedores controlados por el exfuncionario estatal
DANIEL ESCOBAR
En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia del EdoMex, detuvieron a cinco personas vinculadas a una presunta red de extorsión que operaba en diversos municipios mexiquenses.
Entre los detenidos figuran José Humberto “N”, actual síndico municipal de Aculco; Ari Patrick “N”, expresidente municipal de Almoloya de Alquisiras en el periodo 2019-2021; su hermano Baltazar “N”; Edgar “N”, exdirector de Seguridad Pública de Aculco; y Guillermina “N”, comerciante de Almoloya de Alquisiras.
Las detenciones se llevaron a cabo en la madrugada del miércoles, en una serie de operativos simultáneos en los municipios de Atlacomulco, Toluca y Almoloya de Alquisiras. Como parte de la Operación “Enjambre”, las autoridades lograron ubicar y capturar a los presuntos implicados, quienes eran considerados objetivos prioritarios dentro de las investigaciones.
#Resultados. En las primeras horas de este miércoles 9 de abril, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @GN_MEXICO, @SS_Edomex, y #FiscalíaEdoméx, llevaron a cabo acciones operativas simultáneas en los municipios de #Atlacomulco, #AlmoloyaDeAlquisiras y #Toluca, que dieron como… pic.twitter.com/pCNilf36XA
— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 10, 2025
Los ahora detenidos son señalados de formar parte de una red criminal, que presuntamente utilizaba su influencia en gobiernos municipales o sus conexiones con funcionarios locales, para cometer actos de extorsión. Según las primeras indagatorias, estos delitos se realizaban en nombre de un grupo delictivo originario de Michoacán, afectando tanto a autoridades como a comerciantes.
José Humberto “N”, quien actualmente se desempeñaba como síndico en Aculco, es investigado por haber exigido pagos a comerciantes bajo amenazas, permitiéndoles operar solo si entregaban una suma de dinero. Edgar “N”, excomisario de Seguridad en el mismo municipio, habría sido el encargado de ejecutar el cobro mediante métodos violentos. Además, se sospecha que ambos usaban estas tácticas para influir en la asignación de contratos de obra pública en el ayuntamiento.
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