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Se ha negado a pagar los más de 63 mil millones de pesos que debe a la Hacienda mexicana, ha interpuesto amparos como medida dilatoria
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad, votó para declarar infundados los recursos presentados por Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Elektra, quien se niega a pagar su deuda de 33 mil millones de pesos en impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por dos créditos fiscales.
Aunque la resolución dada este miércoles puede tardar meses para que se ejecute, el magnate, quien se resiste al pago de sus impuestos, ya no podrá ampararse para solicitar el impedimento de que algunos de los ministros del máximo tribunal del país, específicamente Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Alberto Pérez Dayán, puedan conocer los amparos presentados.
En sus recursos, el dueño de Televisión Azteca planteó que los ministros referidos tendrían que estar impedidos ya que los acusa de ser afines a la 4T, por lo que la presentación de los 38 recursos ante la SCJN se ha calificado como una táctica dilatoria.
Cabe recordar que tanto los togados Pérez Dayán y Batres Guadarrama, como ponentes de estos amparos, se han manifestado por negar la protección constitucional a Grupo Elektra, por lo que la empresa sería obligada a pagar su adeudo, cuyo total supera los 63 mil millones.
El pasado 1 de abril, según Forbes, el dueño de Grupo Salinas tuvo en 2024, un año negro, ya que, según el medio especializado, el adinerado empresario perdió hasta el 63% de su fortuna; es el quinto hombre más rico de México, se ubica en el lugar 734 global con 4.9 mil millones de dólares, cifra por debajo de la que poseía durante 2024 que fue de 13.4 mil millones.
Aunado a lo anterior, y tras las quejas de muchos usuarios de Totalplay, empresa del conglomerado Grupo Salinas, quien anunció que se podrían generar costos adicionales en la prestación de servicios de internet simétrico, y por los problemas en la red, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), la dependencia se reunirá con representantes de la firma para proteger los derechos de los consumidores.
“La Profeco recuerda que, bajo ninguna circunstancia, los proveedores pueden modificar las condiciones que originalmente se hayan acordado en los contratos de adhesión; aunque estas modificaciones pudieran ser consideradas como un beneficio para las personas consumidoras, los proveedores deben respetar lo que las personas consumidoras contrataron inicialmente”, detalló la dependencia federal.
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