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En 2023, el costo de la extorsión ascendió a casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima
JUAN R. HERNÁNDEZ
Ciudad de México.- La extorsión en México ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiéndose en uno de los delitos que más afectan a la sociedad y la economía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI, el 96.7% de los casos no se denuncian debido al miedo a represalias. Solo en enero de 2025, se registraron 923 víctimas, un aumento del 13.3% respecto al mes anterior y del 3.8% en comparación con enero de 2024, lo que equivale a un promedio de 30 casos diarios.
Ante esta situación, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) hizo un llamado urgente para la creación de una Ley General contra la Extorsión. Este delito, que afecta a empresas de todos los tamaños, especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como a familias y migrantes, se ha convertido en un obstáculo para el desarrollo económico y social del país.
Uno de los principales desafíos para combatir la extorsión es la falta de una tipificación uniforme en los códigos penales estatales. En algunos estados, el delito se clasifica como “uso de confianza” o se revictimiza a las personas afectadas, lo que dificulta las investigaciones.
Además, la falta de coordinación entre las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR) impide respuestas efectivas.
El impacto económico es significativo. En 2023, el costo de la extorsión ascendió a casi 26 mil millones de pesos, con un gasto promedio de 6 mil 933 pesos por víctima. Las empresas y pequeños negocios destinan recursos considerables para evitar ser víctimas, lo que frena su crecimiento y desarrollo.
La COPARMEX ha propuesto una reforma al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a expedir una Ley General de Extorsión. Esta legislación buscaría homologar las modalidades y sanciones del delito, así como coordinar acciones entre autoridades federales y estatales para su erradicación. Actualmente, existen más de 20 modalidades de extorsión, pero los códigos penales estatales reconocen menos de la cuarta parte, lo que evidencia la necesidad de una legislación nacional.
La inclusión de la extorsión en el artículo 19 constitucional, que establece la prisión preventiva oficiosa, ha sido criticada por COPARMEX. La organización argumenta que esta medida puede vulnerar la presunción de inocencia y dejar en indefensión a las víctimas cuando las investigaciones están mal integradas.
COPARMEX, en colaboración con especialistas y organizaciones como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE), ha trabajado en una propuesta de Ley General desde la LXV Legislatura. Esta iniciativa, lista para ser discutida en el Congreso, busca fortalecer el trabajo de las fiscalías y garantizar una respuesta coordinada y eficaz contra la extorsión.
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