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En la práctica han carecido de infraestructura para rescatar animales, son rebasadas por amparos y legisladores han reconocido errores en el diseño de las normativas
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- Uno de los argumentos de la comunidad taurina respecto a la iniciativa de prohibir las corridas de toros en la capital, es que no son consultados para el diseño de normativas viables. Esto recuerda a otras leyes animalistas que fracasaron o se han visto rebasadas a nivel federal y en estados como la Ciudad de México, Quintana Roo y Sonora, por errores en su diseño y no contar con una infraestructura para velar por la vida de especies animales.
En 2015 irrumpió a nivel nacional la reforma a la Ley General de Vida Silvestre con la iniciativa Circos sin Animales donde el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) junto a varias asociaciones, plantearon la prohibición de exhibir animales silvestres en shows circenses. Aunque la intención era evitar el maltrato animal, la ley no contaba con la creación de refugios para los ejemplares que se encontraban en circos. Como resultado de varias investigaciones, se estimó que el 80 por ciento de los animales murieron de distintas maneras: mediante la eutanasia ya que los cirqueros no podían mantenerlos; por vivir en condiciones de hacinamiento en lugares inadecuados; y en la venta a traficantes y taxidermistas para su disección.
En la Ciudad de México al menos dos iniciativas se vieron rebasadas. Una fue la prohibición que hizo en 2017 la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en el uso de delfines para espectáculos e interacciones con visitantes durante shows acuáticos. La acción animalista, también creció de una estrategia para reubicar a los ejemplares en cautiverio, por lo que varios delfinarios siguieron operando a través de amparos legales.
En el mismo año los perros fueron reconocidos en la capital como animales sintientes en la ley, pero en 2024 la plataforma de seguros Hellosafe declaró que desde entonces aumentó el robo de perros, para su posible cruza o en peleas, pero sin que las autoridades actúen al respecto, debido a que esta práctica no es considerada como delito.
En 2024 en Quintana Roo se llevaron a cabo esfuerzos para la conservación de animales, la cual es muy limitada debido a la falta de recursos y apoyo por parte del gobierno estatal; en la misma entidad en 2022 fue suspendida la iniciativa que buscaba prohibir los espectáculos taurinos, con gallos y caballos, ya que empresarios y activistas señalaron inconsistencias en el diseño de la ley.
Sonora fue el primer estado en prohibir las corridas de toros desde 2013, pero con un bajo impacto debido a que no hay una fuerte tradición taurina en el estado; además en 2024 se aprobó la Ley de Protección y Bienestar Animal para proteger animales, lo que prohibía la cría de gallos de pelea. Ante la presión del sector ganadero y empresarial, se hicieron modificaciones para permitir algunos espectáculos con animales.
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