Visitas
En los centros de reclusión de la Ciudad de México los malos tratos llegan a provocar suicidios, a pesar de que las autoridades están comprometidas con la ley
OMAR MONTALVO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Sistema Penitenciario de la Ciudad de México cada año acumula más recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos local (CDHCM) al detectar casos de tortura y malos tratos como una práctica recurrente, a pesar de que las autoridades están comprometidas hasta con instituciones internacionales a no recurrir a estas prácticas con las personas privadas de su libertad.
De acuerdo con la información de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario que dirige Omar Reyes Colmenares, hasta el pasado cuarto trimestre de 2024, se reportó que siguen vigentes hasta 14 recomendaciones por expedientes que se abrieron para solicitar el cese de tortura, penas crueles y degradantes.
Esta situación ocurre a pesar de que en 2022 fue considerada como una grave omisión, no salvaguardar el derecho a la vida de los reclusos, después de que dos reclusos se suicidaron, presuntamente por los malos tratos que recibían.
Según los distintos expedientes que fueron reportados, es recurrente que en el hecho violatorio se describan penas crueles y degradantes, tortura en grupo por parte del equipo especial Tiburón hacia individuos, actos de violencia durante los traslados y que la tortura sea un método de castigo.
La mayoría de hechos ocurren en los centros de reclusión masculinos, aunque en los penales femeninos también se dan estas situaciones, ya que también hay dos expedientes.
Aunque la tortura sea recurrente por parte del personal del Sistema Penitenciario al convivir con personas involucrados en todo tipo de delitos, en la Ciudad de México, es considerada una violación a los derechos humanos, ya que México está obligado a cumplir la Convención contra la tortura de la ONU y el artículo 22 de la Constitución mexicana que prohíbe los tratos crueles e inhumanos.
Según el Código Penal capitalino, la tortura se establece como un delito que se puede castigar con 6 a 20 años de prisión, con un monto de 200 a 500 días de multa y la inhabilitación para ejercer cargos públicos con hasta el doble de tiempo de la pena de prisión.
TE RECOMENDAMOS:
