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EN 2024 SE REGISTRARON 65 FEMINICIDIOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, LO QUE REPRESENTÓ UN INCREMENTO DEL 10% ANUAL
Santiago R.
CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Ciudad de México enfrenta una deuda histórica con las mujeres, reflejada en los altos índices de violencia de género. La capital es la segunda entidad con mayor número de feminicidios en el país, solo detrás del Estado de México.
De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2024 se registraron 65 feminicidios en la Ciudad de México, lo que representó un incremento del 10% en comparación con los 59 casos reportados en 2023.
Ante este contexto, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México publicó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial de los Delitos de Feminicidio y Transfeminicidio, cuyo objetivo es fortalecer los mecanismos de investigación con una perspectiva de género más rigurosa.
El documento, publicado el 7 de marzo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, establece principios, criterios y herramientas analíticas que buscan garantizar una investigación con enfoque crítico de género.
Su propósito es determinar si existieron razones de género o prejuicios como motivo del crimen, además de establecer criterios específicos para respetar la identidad de género de personas trans o diversos.
“El Protocolo considera de vital importancia diferenciar dos momentos clave para la investigación”, se lee en el documento.
El primer momento corresponde a la investigación inmediata, que se desarrolla en las primeras 72 horas tras el hallazgo del cuerpo. Durante este periodo se recopilan las primeras pruebas periciales y testimonios clave.
Posteriormente, se lleva a cabo la investigación de manera exhaustiva, en la que se analiza el historial de violencia de la víctima, las circunstancias previas al crimen y los contextos en los que ocurrieron los hechos.
Este proceso cobra especial relevancia en escenarios en los que la muerte podría parecer un suicidio o un accidente, requiriendo una mayor rigurosidad para descartar posibles encubrimientos.
El protocolo establece obligaciones ministeriales para garantizar que las víctimas indirectas—como familiares de la persona asesinada—reciban asistencia inmediata, así como una notificación digna y respetuosa sobre la localización e identificación del cuerpo.
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