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Jazmín Bonilla aparece hasta tres veces en las listas por un lugar en la SCJN; fue secretaria del ministro Javier Laynez Potisek que ha sido señalado como defensor de la corrupción
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- En el proceso dónde se definen los candidatos para las elecciones judiciales, Jazmín Bonilla triplica su candidatura al aparecer hasta tres veces en las listas finales para aspirar a participar por el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Su candidatura es una de las más polémicas, ya que también ha sido una secretaria incondicional del ministro polémico de la SCJN, Javier Laynez Potisek.
Bonilla García es la única persona candidata a una magistratura de la SCJN que aparece postulada hasta tres veces, tanto en las listas del Poder Judicial como del Legislativo y hasta del Ejecutivo.
De acuerdo con su trayectoria, ingresó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en 2010, sólo un año después de haberse recibido como licenciada en derecho por la Universidad Panamericana (UIP). En este organismo se mantuvo hasta 2016 que se convirtió en secretaria del recién nombrado ministro Laynez Potisek, según indica su declaración patrimonial dónde oculta sus bienes.
Desde que se planteó la existencia de la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), el ministro Laynez Potisek y su ponencia expresaron su desacuerdo, sin embargo, además de Jazmín Bonilla que aspira a la SCJN, también se postuló Jorge Jiménez Jiménez, otro de los secretarios de Laynez. Este magistrado se ha destacado además de sus polémicas decisiones, por tener una ponencia de hasta 51 colaboradores que por varios años le costaron a la SCJN 4 millones 351 mil pesos por sueldos mensuales.
El ministro Laynez ha estado involucrado en polémicas como en sus adquisiciones inmobiliarias que rebasan los 16 millones de pesos; fue de los responsables en suspender el llamado Plan B de la Reforma Electoral; fue detenido en 2021 en Coahuila por conducir en estado de ebriedad; y cuando fue parte de Asuntos Internacionales de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), se le acusó de encubrir un fraude por 9 mil millones de pesos a favor del empresario Armando Hinojosa, quién construyó la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto.
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