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Por Juan R. Hernández
Los abusos siguen siendo el pan nuestro de cada día en las calles del Zócalo capitalino. Los llamados bicitaxis, que deberían ser una alternativa de movilidad sustentable, se han convertido en una trampa para turistas desprevenidos.
Su modus operandi es sencillo pero efectivo: anuncian un paseo por 100 pesos, pero al final resulta que la tarifa es “por persona”. Y si alguien se resiste a pagar el monto inflado, le aplican la técnica de la “bolita”—un grupo de operadores rodea al cliente hasta que cede ante la presión. Un fraude descarado que sigue impune, porque las víctimas, en su mayoría foráneas, prefieren evitar problemas y marcharse sin denunciar.
Mientras estos abusos persisten, en el Congreso capitalino se atienden otros temas, como la promoción de los carnavales locales. La diputada Diana Barragán Sánchez (PT) presentó un punto de acuerdo para que las 16 alcaldías informen a la Secretaría de Cultura sobre fechas, horarios y ubicaciones de estos eventos.
La intención es fortalecer el turismo y resaltar la riqueza cultural de estas festividades, muchas de las cuales fusionan tradiciones paganas y religiosas. En otro frente, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso busca habilitar Centros de Refugio para mujeres que han cumplido su sentencia en prisión pero no tienen a dónde ir.
La vicepresidenta de la Comisión, Rebeca Peralta, advierte que más de la mitad de estas mujeres son abandonadas por sus familias y, en algunos casos, hasta despojadas de sus bienes. La reinserción social no puede ser solo un discurso; se necesitan políticas públicas efectivas para garantizarles una segunda oportunidad.
Mientras tanto, en el Zócalo, los bicitaxis siguen haciendo de las suyas, y la pregunta sigue en el aire: ¿cuándo se les pondrá en orden?
