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El reporte señala que auditó los 5,750 millones de pesos que el Instituto ejerció en 2023, bajo la partida presupuestal Redacción México, 24 de febrero.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) publicó el pasado 20 de febrero la Auditoría 194 sobre el Servicio Médico Integral de Estudios de Laboratorio Clínico y de Anestesia. El reporte de 240 cuartillas señala que auditó los 5 mil 750 millones de pesos que el Instituto ejerció en 2023, bajo la partida presupuestal 33903 “Servicios Integrales”.
Del monto total se llevaron a cabo inspecciones físicas y verificaciones por $1,906,725.70 miles de pesos, el cual correspondió a la selección de un total de ocho Órganos de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) y siete Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE), y también abarco verificaciones en los siguientes estados: Nuevo León, Jalisco, Baja California, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Ciudad de México, Oaxaca y Tabasco.
De acuerdo al documento de la ASF, el pasado 8 de agosto de 2023, se dio el fallo de la licitación pública nacional de los servicios de anestesia integral del IMSS, resultando ganadores las empresas CBH+ Especialistas en Innovación Médica, S.A. de C.V. y GNK Logística del Bajío, S.A. de C.V., empresas que cumplieron con los requisitos legales, técnicos y presentaron las mejores ofertas económicas. Ambas empresas comenzarían sus servicios a partir del 7 de noviembre de 2023.
Al mismo tiempo, y de acuerdo a la ASF, el IMSS adjudicó, de forma simultánea, el Servicio Integral de Anestesia y la remodelación de varios quirófanos, lo que provocó retraso en la entrega de equipos de anestesia y costos superpuestos. Esto suscitó que varias unidades médicas del IMSS reportaran incumplimientos del proveedor CBH+ Especialistas en Innovación Médica destacando la falta de entrega, instalación y puesta a punto de los equipos de anestesia.
De hecho, los proveedores adjudicados no pudieron instalar oportunamente sus equipos porque el IMSS inició obras civiles y los quirófanos se encontraban en obra negra, mientras ya corrían las fechas comprometidas en el contrato de anestesia. Además, la Dirección de Conservación y Servicios Generales avisó tardíamente la necesidad de firmar convenios modificatorios para eximir multas o reprogramar la puesta a punto de los servicios. De hecho, hasta la fecha, no se han generado dichos convenios.
En el informe de ASF señala también irregularidades con la entrega de fármacos psicotrópicos y estupefacientes a las farmacias de las unidades médicas dentro el Servicio Integral de Anestesia. Proveedores como GNK Logistica del Bajío, incluso, se vieron obligados a almacenar dichos medicamentos controlados fuera de las instalaciones, pues no existía trazabilidad clara en el Sistema de Abasto Institucional (SAI), adicional a que el IMSS delineó un proceso de entrega de medicamentos controlados completamente ajeno a la norma estipulada por COFEPRIS, ocasionando que el proveedor ingresara los medicamentos por su cuenta, sin que estos pasaran por la farmacia del hospital, como pudo detectarse en el Hospital Regional de Acapulco. *Esta omisión por parte del IMSS puso en riesgo la seguridad y el control de sustancias críticas como fentanilo y remifentanilo.*
En cuanto a los servicios de laboratorio, la empresa HEMOSER S.A. de C.V. reportó un adeudo de aproximadamente 64 millones de pesos por parte del IMSS. Según la documentación revisada, el Instituto mezcló en un mismo Comprobante Fiscal (CFDI) facturas de servicios devengados con pasivos de ejercicios anteriores, lo que dificultó la transparencia presupuestal.
En la auditoría de Yucatán, destaca que la empresa Casa Plarre, S.A. de C.V. no se pudo comparar los precios máximos y mínimos que presentó esta empresa, con relación a los que se obtuvieron en la Licitación Pública. Según el IMSS, este proveedor no presentó documentación que permitiera conocer los insumos que se suministraron, ni tampoco de haberse realizado el procedimiento quirúrgico, además, no entregó los anexos de los términos y condiciones convenidos.
En la auditoría de Baja California, que se realizó mediante adjudicación directa a la empresa Casa Plarre, S.A. de C.V., se detectaron irregularidades en las fechas de la adjudicación. Por ejemplo, el 26 y 27 de abril de 2023 el IMSS solicitó cotizaciones a los proveedores, mientras que el 28 de abril ya se había comunicado al proveedor la adjudicación, y hasta el 9 de mayo, se documentó el procedimiento de contratación.
En Quintana Roo, se adjudicó el contrato directamente al proveedor Biodist, S.A. de C.V., pero el proveedor no aceptó la oferta, sin que el IMSS presentara la evidencia. Posteriormente el IMSS emitió una licitación pública, pero finalmente decidió adjudicar directamente el contrato a Casa Plarre, S.A. de C.V. quien decidió aceptar la misma cotización que el presupuesto del IMSS para los servicios. Sin embargo, el IMSS no proporcionó evidencia con la cual participó este contratista, ni el cumplimiento de los requisitos legales, técnicos y precios unitarios. Se identificó que el 17 de julio de 2023, la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas solicitó a Casa Plarre la cotización, tan solo tres días después se justificaba la adjudicación directa, violando los artículos 26, 29 y 40 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) y demás del Reglamento de la LAASSP.
Una vez adjudicado este contrato, el informe de la ASF señala que en este estado hay inconsistencias de firmas, cantidades, solicitudes médicas, entre otras del personal del proveedor, generando un impacto a las finanzas públicas por más de 101 millones de pesos. Asimismo, en las unidades médicas HGZ17 y HGZ03 se detectaron diversos procedimientos que se pagaron, sin contar el número de folio, nombre, matrícula y firma del médico.
Por su parte, el proveedor GNK Logística S.A. de C.V., quien también suscribió un contrato en Quintana Roo para la prestación de los servicios, también se reportan diversas inconsistencias de servicios prestados, además de que la calidad de los medicamentos que fueron usados se calificaron como de “regular” e “insatisfecho”.
En la Ciudad de México, en el Hospital La Raza, no existe documentación comprobatoria y justificativa respecto de los contratos suscritos con Casa Plarre S.A. de C.V., se carecen de los anexos que informen en qué unidad médica se proporcionaron los servicios, también se carece de la matrícula del anestesiólogo, nombre y forma del personal del proveedor. En suma, no existe documentación soporte que sustente los “servicios registrados para devengo”. De lo anterior se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Federal o al patrimonio del IMSS.
En Jalisco, se realizó una adjudicación directa a la empresa Administradora Especializada de Servicio CAB S.A. de C.V. y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, S.A. de C.V., sin que se contase con la documentación referente a la Propuesta Técnica y Económica.
De igual forma, se celebró un contrato con la empresa CBH+ Especialistas en Innovación Médica, S.A. de C.V., siendo que dos hospitales de los seis que existen estuvieron en remodelación, lo que atrasó la entrega del equipo de anestesia.
En cuanto a los casos de Oaxaca, Tabasco, la ASF detectó diversas irregularidades, solicitando aclaraciones y realizando un pliego de observaciones a diversas empresas como GNK Logística del Bajío, S.A. de C.V., Centum Promotora Internacional, S.A. de C.V. y Disimed, S.A. de C.V.
Por último, el informe de la ASF desglosa todo un apartado donde diversos proveedores aclaran que suscribieron contratos con el IMSS, sin embargo, existen conceptos que no corresponden a los contratos de la contratación del Servicio México Integral para Anestesia (SMI-A).
El dictamen final se emitió el pasado 5 de febrero de 2025, fecha en que concluyeron los trabajos de auditoría. Sin embargo, el Anexo T9 que se titula “Reporte Mensual de estudios efectivos Realizados” (Anexo T9), contienen diversas inconsistencias sobre los servicios prestados. Se evidencia también la falta de registro contable que el IMSS tiene con algunos proveedores.
La ASF emitió 19 pliegos de observaciones, 16 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, 10 recomendaciones y 4 solicitudes de aclaración. Dicho reporte evidencia la falta de planeación del IMSS, su coordinación entre áreas y la carencia de convenios modificatorios a tiempo, para resolver diversas inconsistencias, como el lanzar dos licitaciones al mismo tiempo: por un lado, la remodelación de sus quirófanos, y al mismo tiempo la solicitud de servicios de anestesia que no pudieron entregarse en los tiempos de los contratos, debido a que los quirófanos estaban en obra negra. Lo que obliga al IMSS a revisar y adecuar sus normativas, regularizar adeudos con proveedores y garantizar la correcta recepción y resguardo de medicamentos controlados.
