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Por Eduardo López Betancourt
La historia de Morena se remonta al 2011, cuando fue fundado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como un movimiento político y social que se autodenominó la “Cuarta Transformación” de México, con el objetivo de construir un País justo, democrático, igualitario, incluyente, pacífico, soberano y regido por el Estado de Derecho.
Sus principios se basan en la lucha contra la corrupción, la impunidad y la desigualdad social y económica. También promueve la participación ciudadana y la democracia directa a través de mecanismos como el plebiscito, el referéndum y la revocación de mandato. Sin embargo, el partido ha sido criticado por tener políticos con un historial cuestionable, como Murat y los Yunes; esto ha traído discusiones y señalamientos sobre la capacidad de la agrupación para promover la transparencia y la rendición de cuentas, donde el enriquecimiento de varios de sus miembros ha creado diatribas y comparaciones con el viejo Partido Revolucionario Institucional (PRI), conocido por su corrupción y autoritarismo.
Entre los casos más destacados de putrefacción, se encuentran los de algunos gobernadores y diputados, que han sido acusados de utilizar fondos públicos para beneficio personal o de sus familiares; también se han reportado casos de nepotismo y de contratos otorgados a empresas vinculadas a miembros de Morena.
La situación ha generado un debate nacional sobre la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión del partido, así como de la implementación de acciones efectivas para prevenir la corrupción y el enriquecimiento ilícito. Es importante que se tomen medidas, como bien puede ser, promover la educación cívica y política para asegurarse de que los ciudadanos mexicanos estén informados y comprometidos con la democracia para abordar estos problemas y restaurar la confianza en las instituciones.
