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Como legisladores estatales no plantearon ningún punto de acuerdo y exhorto ante un aumento de inseguridad y corrupción en el municipio que se descomponía
DANIEL ESCOBAR
EdomeX.- Mientras fue diputado local, el actualmente senador, Enrique Vargas, guardó silencio absoluto ante los problemas en Huixquilucan, municipio gobernado desde 2022 por su esposa Romina Contreras; mutismo que también tuvo Narciso Fierro, legislador que representó a la demarcación en la pasada legislatura.
Entre finales de 2021 hasta septiembre de 2024, ni Vargas del Villar ni Fierro Cima, plantearon en ningún momento, algún punto de acuerdo o exhorto para el gobierno de Huixquilucan, de acuerdo con la Información Parlamentaria reportada por el Poder Legislativo del Estado de México.
Mientras ambos legisladores mostraron poco interés por el municipio aún gobernado por Contreras Carrasco, Diario Basta! informó que algunos delitos aumentaron en la demarcación hasta en un 300 por ciento en 2024, de acuerdo con datos revelados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Los homicidios, los asaltos y robos en sus diversas modalidades, fueron algunos de los ilícitos que repuntaron.
Igualmente, dentro del gabinete de Romina Contreras se mantuvo dentro del gabinete, a José Manuel Hernández Velasco, funcionario señalado de liderar grupos de choque para extorsionar a vecinos en la demarcación, cuestión que fue incluso denunciada públicamente por el excandidato a gobernar Huixquilucan, Enrique Garay.
Es de señalar que Hernández Velasco, también fue parte de la administración de Huixquilucan, mientras gobernó el municipio Enrique Vargas, y ahora que inició Romina Contreras su segundo mandato por lograr su reelección, el funcionario fue ratificado como subsecretario del Ayuntamiento.
Ante estas denuncias ni Fierro Cima, ni Vargas del Villar hicieron algún llamado, e incluso el segundo, difundió constantemente comunicados que elogiaban el gobierno de su esposa, y presumían encuestas donde la alcaldesa resultaba con una alta aprobación, las cuales eran realizadas por Massive Caller, una firma beneficiada con contratos del PAN, partido al que pertenecen estos tres funcionarios.
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