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A pesar de la millonaria inversión en juzgados de municipios como Ecatepec y Toluca persisten fallas en Infraestructura tecnológica en perjuicio de familias
MARIO LÓPEZ
EdomeX.- Durante la administración de Ricardo Sodi Cuellar, el Poder Judicial del Estado de México, firmó un contrato por más de 110 millones de pesos con la empresa Tecnología en Telecomunicaciones, S.A. de C.V. para la instalación de equipos tecnológicos en 59 salas de juicios orales en distintos puntos de la entidad.
El contrato, identificado como LP-PJ-05/2023, suscrito el 27 de abril de 2023, contempló la compra de dispositivos de audio, video y almacenamiento, así como su instalación. Fue firmado por Roberto Cervantes Martínez, director general de Administración del Poder Judicial, y Jorge Antonio Soto Ramírez, representante legal de la empresa contratista.
La inquietud entre autoridades, legisladores y miembros de la sociedad civil, es que Cervantes Martínez, es hermano del fiscal general de justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, lo que ha llevado a cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.
Los costos de algunos equipos detallados en el contrato han llamado la atención. Entre los conceptos de mayor monto destaca el software para salas de juicios orales, con un costo de 53 millones 985 mil 826.50 pesos, lo que representa casi la mitad del total del contrato.
También se adquirieron micrófonos IP ambientales por 4 millones 400 mil 815.71 pesos, cámaras IP tipo domo por 2 millones 604 mil 663.40 pesos y un servidor centralizado de grabación con un costo de 2 millones 157 mil 294 pesos. Especialistas en adquisiciones gubernamentales, han señalado que algunos de estos precios podrían estar inflados en comparación con alternativas similares en el mercado.
El contrato, específica que se adjudicó una Licitación Pública Nacional Presencial, sin embargo, el acceso a la información, ha sido limitado. No se sabe si hubo otras empresas participantes, ni criterios utilizados para otorgar la adjudicación a Tecnología en Telecomunicaciones, S.A. de C.V., lo que ha despertado sospechas sobre la transparencia.
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