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La magistrada es señalada encubrir una sentencia clave en un caso de corrupción inmobiliaria que beneficia a la oposición
OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- Con el avance de las listas de candidatos a jueces y magistrados en la próxima elección judicial, Estela Fuentes, actual magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA CDMX), es una de las altas funcionarias capitalinas que busca un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a pesar de que, en los últimos años, ha sido señalada por ciudadanos de proteger la corrupción inmobiliaria.
Fuentes Jiménez es parte de las listas finales que presentó el Poder Ejecutivo sobre candidatos a ministros en la SCJN. Mientras ha pasado los filtros dentro del proceso de selección, también ha sido una de las juzgadoras que empezó a tener más participación en programas televisivos de alcance nacional. El tema que más ha abordado es la elección judicial, sobre la cual se ha expresado de forma positiva.
En su historial reciente, mantiene bloqueada una sentencia en contra del gobierno de la alcaldía Benito Juárez en los trienios de Santiago Taboada (2018-2024) por permitir el avance y la ocupación de un inmueble que no respetó lineamientos de construcción. Este edificio inició obras durante la gestión de Jorge Romero en BJ (2012-2015). En la sentencia se lee que la alcaldía tiene responsabilidad por la corrupción inmobiliaria, un hecho que han buscado evadir los panistas involucrados en el esquema llamado Cártel Inmobiliario.
Entre otros hechos, en 2023 la SCJN buscó impedir la reelección de Estela Fuentes en el TJA CDMX, al considerar que era ilegal extender su tiempo al frente de este órgano. En este proceso también se reveló que Fuentes Jiménez pudo ampliar su gestión gracias a que, es cercana de Yazmín Esquivel, ministra de la SCJN, desde que estudiaron juntas la licenciatura en derecho en la FES Aragón de la UNAM. Presuntamente esta amistad también le permitió a Estela Fuentes ingresar al TJA CDMX en 2012, pues no contaba con la experiencia profesional en materia administrativa y fiscal como exige la ley orgánica.
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