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En 2017, los jueces federales recibieron 1,756 solicitudes, mientras que en 2023 la cifra escaló a 10,626, representando un crecimiento del 80%
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En México, diversas instituciones gubernamentales, desde fiscalías hasta Petróleos Mexicanos, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, han adquirido y utilizado herramientas de intervención de comunicaciones, geolocalización y extracción de información de dispositivos, incluso sin contar con orden judicial.
Según el informe “El Estado de la Vigilancia” de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas han aumentado drásticamente. En 2017, los jueces federales recibieron 1,756 solicitudes, mientras que en 2023 la cifra escaló a 10,626, representando un crecimiento del 80%.
USO SIN CONTROL JUDICIAL
A pesar de la obligación de solicitar autorización judicial, diversas instituciones han empleado herramientas de vigilancia sin cumplir con este requisito. En 2020, la Guardia Nacional reportó haber solicitado autorización 92 veces, pero intervino comunicaciones de 289 líneas telefónicas, triplicando la cifra declarada.
La Fiscalía General de Chihuahua reportó en la Plataforma Nacional de Transparencia haber realizado 524 solicitudes de intervención, pero en respuesta a solicitudes de información admitió haber efectuado 601.
Entre 2016 y 2019, el 57.3% de las solicitudes de acceso a datos conservados fueron realizadas sin control judicial previo. El 76.7% de estas invocaron causales de excepción, pero el 39.5% no fueron ratificadas total o parcialmente.
CASOS DE ESPIONAJE REVELADOS
En noviembre de 2023, The New York Times reveló que la Fiscalía de la Ciudad de México accedió a registros telefónicos de políticos, periodistas y defensores de derechos humanos bajo la excusa de investigar delitos graves.
La periodista Marcela Turati y la defensora Ana Lorena Delgadillo fueron espiadas al ser incluidas en una carpeta de investigación sobre delincuencia organizada.
México ha adquirido programas como FinFisher, Galileo, Pegasus y Reign, además de antenas falsas y tecnologías de geolocalización.
A pesar de estas denuncias, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no ha logrado una sola sentencia por estos hechos. La Sedena se ha negado a revelar los contratos de adquisición de Pegasus, incumpliendo la promesa del presidente de transparentar esta información.
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