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Aumenta 50% robo de identidad femenina

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El 68% de las víctimas provienen de la capital del país, concentrándose los delitos en 6 alcaldías

JUAN R. HERNÁNDEZ

CIUDAD DE MÉXICO.- En el 2024, el robo de identidad contra mujeres en la Ciudad de México aumentó un 50% en comparación con el año anterior, reveló un estudio realizado por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, presentados en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

Este incremento alarmante refleja un fenómeno que afecta gravemente la seguridad y la privacidad de las mujeres en la capital. De acuerdo con el reporte, el 68% de las víctimas provienen de la Ciudad de México, con un notable enfoque en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán y Tlalpan, mientras que el resto de los casos se distribuyen entre entidades como Estado de México, Puebla, Veracruz, Jalisco e Hidalgo.

Asimismo, se destaca que la violencia digital de género, un delito que vulnera los datos personales de las víctimas, se ha multiplicado en diversas formas.

La sextorsión, que representa el 50% de los casos, es seguida por el ciberacoso con el 6%, y los fraudes amorosos con el 2%. También se han reportado delitos relacionados con la venta de “packs” y violencia a través de videojuegos, aunque con un porcentaje menor (1%).

Ante ello, el Consejo Ciudadano subrayó que en la mayoría de los casos (80%), las mujeres que buscan ayuda lo hacen a través de la Línea Mujer y Familia, una línea telefónica que ofrece asesoría y apoyo. El 30% restante recurre al Chat de Confianza, una herramienta que permite la atención digital y anónima.

El incremento de estos delitos digitales destaca la importancia de la Ley Olimpia, una reforma pionera en México que aborda la violencia digital con perspectiva de género.

Esta ley, incluida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipifica el delito contra la intimidad sexual en el artículo 181 quintus del Código Penal de la Ciudad de México. La ley establece sanciones de hasta seis años de prisión para los responsables de difundir contenido íntimo sin consentimiento.

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