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Congreso estatal autorizó que se adquieran créditos por hasta 12 mil millones de pesos; algunas dependencias tendrán recortes
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- El gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez, ha recibido autorización del Congreso estatal para adquirir créditos por hasta 12 mil millones de pesos.
La medida busca refinanciar deudas adquiridas durante la gestión de Manuel Velasco Coello (2012-2018), quien dejó un boquete financiero considerable en las finanzas estatales.
Aunque Ramírez Aguilar prometió priorizar la seguridad pública, el endeudamiento autorizado coincide con el monto acumulado de la deuda contraída por Velasco, miembro del Partido Verde y aliado de la 4T.
Según el decreto publicado el 31 de diciembre, los créditos estarán destinados a reestructurar compromisos financieros adquiridos con bancos como Banorte, Santander, BBVA y Banobras, algunos desde 2014.
El economista Jorge López Arévalo, de la UNACH, señaló que la falta de transparencia y debate en la aprobación del presupuesto genera desconfianza en la sociedad.
“Aquí aprueban todo sin consulta pública. Es una democracia de baja intensidad”, afirmó.
GOLPES AL GASTO PÚBLICO
Pese a incrementos presupuestales en áreas como seguridad (mil millones de pesos más) y obras públicas (de dos mil a cuatro mil millones), otras dependencias sufrirán recortes.
La Secretaría de la Mujer e Igualdad de Género verá reducido su presupuesto de 67.8 a 63.8 millones, y la asignación para el campo también caerá, pasando de 239.1 a 191.6 millones.
El Instituto Estatal de Elecciones y Participación Ciudadana será otro afectado, pues su presupuesto se desplomará de mil millones en 2024 a 300 millones para 2025.
ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
El decreto establece que los nuevos créditos podrán contratarse a un plazo de hasta 25 años, utilizando hasta el 30% de las participaciones federales como fuente de pago. Esto compromete recursos a futuro, generando incertidumbre sobre las capacidades financieras del estado.
Ramírez Aguilar enfrenta el reto de equilibrar el refinanciamiento de una deuda heredada con las demandas de sectores que, como el campo y el turismo, no recibirán aumentos en el nuevo paquete fiscal.
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