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Por Juan R. Hernández
El asesinato de Karla Patricia Cortés Cervantes, conductora de Uber, el pasado 29 de diciembre en Azcapotzalco, ha puesto nuevamente sobre la mesa una de las problemáticas más graves de la Ciudad de México: la violencia de género y la falta de protección para los trabajadores del servicio de transporte privado.
Karla no fue una víctima más; su asesinato ha sacudido a la sociedad, especialmente a sus seres queridos, quienes, en un acto de dolor y protesta, plasmaron en las paredes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mensajes como “Ni una conductora menos”, “No fue homicidio, fue feminicidio” y #JusticiaParaKarla. El caso de Karla ha dejado en evidencia los graves huecos de seguridad que afectan a los conductores de plataformas como Uber, quienes diariamente enfrentan situaciones de riesgo sin una verdadera garantía de protección. Las autoridades, tanto locales como las empresas de transporte, deben ser mucho más proactivas en la implementación de medidas de seguridad que garanticen la integridad de los trabajadores.
En este sentido, el Gobierno de Azcapotzalco se ve, nuevamente, involucrado en la polémica por la falta de respuestas inmediatas y eficaces. Por otro lado, Jesús Sesma Suárez, coordinador del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México, destacó los avances logrados en 2024 en materia de derechos humanos, sostenibilidad y seguridad. Sin embargo, y a pesar de las reformas alcanzadas, sigue existiendo una deuda importante en cuanto a la protección de los derechos de las mujeres y el fortalecimiento real de la seguridad.
Si bien se lograron avances en la protección de grupos vulnerables, como las personas LGBTQ+ y personas con discapacidad, la violencia de género sigue siendo una asignatura pendiente que necesita una atención más directa y con enfoque de género.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas en materia de justicia y seguridad, pero estas deben ir acompañadas de acciones concretas para erradicar los feminicidios y la violencia en las calles, y para que las reformas no se queden solo en papel.
La seguridad pública debe ser revisada y fortalecida, pero sin perder de vista que también deben establecerse políticas que aseguren el bienestar de los trabajadores de plataformas como Uber, que son, en su mayoría, jóvenes, mujeres y personas de sectores vulnerables.
