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Esta acción expuso la infiltración del crimen organizado entre los gobiernos municipales, generando una profunda crisis de confianza en las instituciones
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
En noviembre de 2024, el Estado de México vivió uno de los mayores operativos de seguridad en su historia reciente, conocido como el Operativo Enjambre, que resultó en la detención de 24 servidores públicos.
Entre los detenidos se encontraron directores de seguridad, alcaldes y otros funcionarios acusados de presuntos actos de corrupción y vínculos con la delincuencia organizada.
El Operativo Enjambre marcó un golpe contundente a las redes criminales infiltradas en las instituciones públicas y fue la primera gran estrategia de seguridad colaborativa del gobierno encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.
El despliegue comenzó el pasado 22 de noviembre, cuando fuerzas de seguridad estatales y federales, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizaron acciones simultáneas en diversos municipios. Ese día, se logró la captura de siete de los 14 funcionarios públicos que tenían órdenes de aprehensión.
Para el 3 de diciembre, el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, informó que el operativo ya había alcanzado un total de 24 detenciones, con siete órdenes de aprehensión aún pendientes.
Las investigaciones de la FGJEM revelaron que varios de los servidores públicos detenidos estaban relacionados con La Familia Michoacana, una organización criminal que opera principalmente en el sur del Estado de México. Se descubrió que esta red criminal estaba siendo financiada con recursos públicos provenientes de al menos tres municipios: Amanalco, Santo Tomás de los Plátanos y Tonatico.
El caso más destacado es el de la alcaldesa María Elena ‘N’, quien presuntamente sostenía reuniones periódicas con los líderes de La Familia Michoacana, los hermanos Johnny “El Pez” y José Alfredo “El Fresa” Hurtado Olascoaga. Según la investigación, parte de los recursos públicos municipales eran entregados al grupo criminal mediante acuerdos de cabildo.
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