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Pese a las críticas en torno a su desempeño al frente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, su todavía presidente no pierde sus deseos de seguir en el poder
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
EdomeX.- Luego de un periodo como presidente del Poder Judicial del Estado de México en el que las críticas por su desempeño, nulo combate a la impunidad y marginales resultados ha sido la constante, Ricardo Sodi Cuellar, magistrado presidente de esta instancia no pierde el deseo de llegar a ser parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Este lunes se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la lista de personas elegibles para el cargo de ministra y ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sujetos al Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, en la que figura el nombre de Sodi Cuellar; este deseo a permanecer dentro de la esfera política ha sido severamente cuestionada por abogados y litigantes, quienes advierten sus deseos por seguir en el ejercicio de poder en los tiempos de cambio que se viven.
Como se recordará su gestión destaca por escándalos como los bonos y salarios estratosféricos para jueces y magistrados, además de su negativa a otorgar amnistías a personas privadas de la libertad en procesos amañados, ni que decir los murales millonarios que mandó pintar dentro del Poder Judicial en los que pidió que pintaran el rostro de su hija.
Dicha lista se encuentra conformada por 25 nombres que aspiran al cargo y quienes resultaron obtener el estatus de “elegibles” por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación.
Ricardo Sodi Cuellar cuenta con el expediente 27/2024, pero además de él en la lista figuran nombres como Maricela Morales Ibáñez, es Procuradora General de la República; Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la exministra, ex secretaria de Gobernación y diputada federal, Olga Sánchez Cordero; y la ministra Ana María Ibarra Olguín.
El próximo plazo a vencer es el 31 de enero de 2025, fecha límite en la que el Comité de Evaluación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial determinen la idoneidad de los candidatos elegibles, ello una vez que se valore sus antecedentes académicos y profesionales.
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