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Políticos y organizaciones plantearon que se les cobre impuestos por la tenencia de estos vehículos voladores
DANIEL ESCOBAR
GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- En México hay 110 aeronaves de uso particular, por las que no se pagan impuestos, a pesar de que solamente son accesibles para personas o empresas con un alto poder adquisitivo.
De acuerdo con la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), con corte a septiembre de 2023, en todo el país hay registradas 110 vehículos voladores, que a diferencia de los automóviles, no generan alguna contribución periódica por su tenencia y uso.
En el 65 por ciento de estos casos, los propietarios son personas físicas y en el resto son empresas, y respecto a los primeros su nombre lo mantiene la AFAC de forma confidencial, en cumplimiento del artículo 113 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Entre los propietarios registrados destaca la Fiscalía General de la República, aún a cargo de Alejandro Gertz Manero, la cual tiene un avión Bombardier CL-600.
Cross Maintenance, TBS Mint, Corporativo Aviq Tech, Centro de Alta Especialidad en Oncología, Agrícola y Ganadería Gusalo, Agricola El Ingeniero, Monuri, Pesca Azteca, Cooperativa de Consumo de Productos de Platano, Sim Transporte, Air Carrier, Consultores en Aeronáutica Coruña, H412, Quetzi Logic, Visión Mor, Machinery Power, Aeroservicios Acor, Falcón Servicios Aéreos, Transporte de Hidrocarburos y Líquidos, Patriot Trucks, Helikan, Argos, MT Pesca, Maquinas Diesel, Celta Delaire, Inmobiliaria Vigueras Lauat, Especialidades en Turbomaquinaria, Geo Sistemas Consorcio Consultor, Aero Jet Express, Intes, Centauro, Petrogas, Centro de Servicio Aeronáutico, Century, y Taller Piza y Magk, son el resto de corporaciones con aviones o helicópteros particulares.
Esta falta de pago de impuestos para quienes tienen este lujo, es observada por legisladores y organizaciones civiles, por lo cual Laura Ballesteros, diputada de Movimiento Ciudadano (MC), presentó una iniciativa para que estas personas “ultraricas” paguen la tenencia.
Desde marzo pasado, organizaciones lanzaron la “Alianza por la justicia fiscal”, la cual entre sus propuestas planteó la posibilidad de cobrar contribuciones por tener o usar estas aeronaves.