1056 lecturas
Por Ricardo Sevilla
Desafortunadamente, la corrupción y el lavado de dinero en las asociaciones civiles es un problema muy serio y recurrente en México.
Estas organizaciones, que en teoría deberían destinar sus recursos a fines sociales y altruistas, enfrentan irregularidades y falta de transparencia.
Y, desde el sexenio pasado, el Gobierno Federal decidió exhibir y poner una lupa en las actividades de estas asociaciones.
Actualmente, el SAT, que en otros tiempos estuvo secuestrado por auténticos malandrines, ha identificado donatarias con remanentes no utilizados y discrepancias en sus reportes de donativos.
De hecho, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita considera la recepción de donativos como una actividad vulnerable al lavado de dinero.
Y es que los esquemas de estas asociaciones civiles favorecen la opacidad y dificultan la rendición de cuentas.
Como la mayoría de estas donatarias no paga impuestos, es muy difícil evaluar el impacto real de las donaciones.
De acuerdo a diferentes estudios, el 11% de las personas deciden no donar y citan la desconfianza en el uso de fondos como una razón principal.
Aunque muchas de estas donatarias dice que la narrativa gubernamental descalifican a las organizaciones de la sociedad civil, lo cierto es que, la mayoría, lucran con la salud, la educación y la cultura.
Un ejemplo de esa opacidad es la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, que se presume una asociación civil sin fines de lucro.
Esta asociación, que fue constituida como una Asociación Civil sin fines de lucro el 19 de noviembre de 2015 y aprovechó el artículo 79, fracción XI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, les otorgó un esquema donde la opacidad y la nula rendición de cuentas campean.
Aunque dicen ser organizaciones independientes y comprometida con el combate a la corrupción, la mayoría son exactamente lo contrario. Prueba de eso son las fundaciones del usurero Ricardo Salinas Pliego.
