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OMAR MONTALVO
Ciudad de México.- La Asamblea General del Pueblo de San Gregorio Atlapulco, como una de las organizaciones tradicionales más perseguidas por actores políticos, tuvo otro intento de intervención política, cuando un grupo de presuntos operadores del ex alcalde José Carlos Acosta, ahora alto funcionario dentro de la Secretaría de Administración y Finanzas capitalina (SAF), trató de romper el proceso mediante el cual, el pueblo originario, decidió el maneo del panteón comunitario, un espacio que ha sido peleado en los últimos años.
Por decisión de la población, tendrá continuidad el Comité Propanteón, que encabeza Patricia González. La ciudadana, durante los últimos años, vivió la persecución del gobierno de Acosta Ruiz (2018-2024), que inició denuncias.
Según los pobladores, el exalcalde y sus operadores políticos, buscaban sacar beneficios económicos con los servicios que ofrece el cementerio. Estos grupos, que apoyaron al exalcalde morenista, se volvieron a presentar en las afueras del panteón, pero sin romper las actividades del pueblo de San Gregorio.
Incluso alegaron presuntas obras inconclusas por la construcción de nichos en 2022 por 2.9 millones de pesos; sin embargo, los mencionados recursos públicos corresponden al Presupuesto Participativo, el cual estuvo a cargo del gobierno de José Carlos Acosta. ciaron sin consulta. Mientras gobernó Acosta, hubo amenazas a los activistas del pueblo.
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