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En el marco de la reforma al Poder Judicial sale a la luz un caso más de actuación negligente de un procurador de justicia que termina beneficiando a una criminal
MARIO LÓPEZ
La decisión de un juez de conceder arraigo domiciliario a Yuritzy Hernández de La Rosa, sentenciada a 95 años de prisión por el secuestro, y asesinato de Liliana Ocampo, ha generado indignación pública y exigencias de justicia.
Liliana, víctima de un brutal crimen que dejó en la orfandad a dos niñas, tiene a cuatro de sus verdugos, recluidos en el penal de Neza Bordo.
Sin embargo, Yuritzy Hernández, ex titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de Nezahualcóyotl, cumple su sentencia en su domicilio en Chalco, bajo vigilancia electrónica, en una decisión que sus abogados, justificaron por la necesidad de cuidar a su madre enferma, quien ya falleció, y a su hija menor de edad.
Familiares de la víctima, vecinos y transportistas llevaron a cabo un bloqueo en las avenidas Adolfo López Mateos y Bordo de Xochiaca, el martes 26.
Los manifestantes denunciaron que la decisión del juez, Gildardo Fernández, es irregular y contraria a la ley, pues quienes son sentenciados por secuestro con agravante de homicidio, no deben acceder a este beneficio.
La madre de Liliana, visiblemente afectada, exigió justicia para su hija, y señaló que esta medida es una afrenta a su memoria.
Durante la protesta, transportistas de las “Rutas Hermanas”, también exigieron que el mismo juez, Gildardo Fernández, actúe con firmeza en un caso paralelo, donde presuntos extorsionadores de la Ruta 86, fueron detenidos en flagrancia.
Los concesionarios demandan que no se libere a los acusados, y que enfrenten todo el peso de la ley. Aunque había una audiencia programada para el martes 26 de noviembre, fue diferida para el 6 de diciembre, debido a la ausencia de los abogados defensores.
En el caso de Liliana, además de Yuritzy Hernández y los cuatro detenidos, se sabe que hay tres implicados más que siguen prófugos.
La resolución de este juez, no solo ha generado cuestionamientos legales, sino también un llamado de la sociedad para que las autoridades estatales y federales investiguen su proceder.
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