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Por Eduardo López Betancourt
La escalada de violencia en México parece no tener fin, hemos llegado al extremo que bares y diversos establecimientos son escenario de impresionantes matanzas, donde inocentes pierden la vida debido a conflictos entre grupos delictivos. Sin duda, esto nos obliga a evaluar la situación y cuestionar si las instituciones encargadas de combatir el crimen están a la altura de las expectativas sociales.
La inseguridad no es un fenómeno nuevo, pero su incremento en los últimos tiempos es impactante, no hay entidad que no esté afectada y ante tal situación, se plantea la necesidad de una medida enérgica, posiblemente limitando los derechos ciudadanos, algo nada agradable, pero justificable bajo la figura de la Teoría del Estado de Necesidad, que, en el ámbito penal, permite salvaguardar un bien superior sacrificando otro. En este caso, la seguridad y vida de los ciudadanos están en riesgo, por lo que la pregunta obligada es ¿Es preferible restringir la libertad de tránsito para proteger a la población?
El Jurista alemán, Gunther Jakobs, en su Teoría del Derecho Penal del Enemigo (2003), propone un enfoque distinto para tratar a delincuentes considerados “enemigos” del Estado. Entre los aspectos más importantes que encontramos en su obra, tenemos la diferenciación entre delincuentes comunes y enemigos. Jakobs distingue entre delitos cometidos por individuos con intenciones criminales comunes y aquellos que buscan desestabilizar el orden social; además, el derecho penal debe priorizar la protección del Estado y el pueblo frente a amenazas internas y externas.
Para enfrentar la delincuencia organizada y el terrorismo, Jakobs propone medidas como penas más severas, restricciones a derechos fundamentales, vigilancia intensificada y cooperación internacional, con el objetivo de prevenir futuros delitos y disuadir a potenciales delincuentes.
Por su parte, en México, la aplicación de la Teoría de Jakobs requiere un análisis crítico de la situación actual, así como la evaluación de medidas efectivas para combatir el crimen, consideración de Derechos Humanos y garantías constitucionales y el adecuado diálogo entre expertos, políticos y sociedad civil.
