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La mayoría de consejeros del INE piden que la presidenta del instituto tenga menos facultades para seguir garantizando la imparcialidad al interior
REDACCIÓN, GRUPO CANTÓN
Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó el proyecto de controversia que presentaron varios consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se busca reducir las facultades que el Poder Legislativo le dio a la presidenta de la autoridad electoral, Guadalupe Taddei, por considerar que se trata de una invasión a la autonomías.
Los consejeros electorales solicitaron que se les considere el proyecto de interés legítimo debido a que las modificaciones hechas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) le permite a Guadalupe Taddei asignar los titulares de las Unidades Técnicas y Direcciones Ejecutivas sin la consulta del consejo general del INE.
El recurso legal de controversia fue presentado por seis de los once consejeros del INE, por considerar que las atribuciones otorgadas gracias al artículos 45 de la LGIPE, va en contra de la Constitución, pues se hicieron referentes a una reforma judicial y no electoral.
“El INE es un organismo autónomo, encargado de organizar las elecciones y garantizar la democracia en el país. Esta autonomía implica que su funcionamiento no debe estar sujeto a influencias externas, particularmente del Poder Legislativo o Ejecutivo” señala el documento.
En tanto, los consejeros electorales añaden que si se deja que una sola persona tenga la función de designar las direcciones se corre el riesgo de que se imponga una misión que no refleja la pluralidad que requiere un Órgano colegiado como el INE.
“Los efectos de esta concentración de poder no son solamente normativos, sino que tienen consecuencias prácticas que pueden afectar la confianza pública en el sistema electoral. Un organismo percibido como dependiente de una figura central puede enfrentar cuestionamientos sobre su imparcialidad y legitimidad” añade el texto.
Además agregaron que “las garantías institucionales, tratándose de los órganos constitucionales autónomos, representan un freno a cualquier poder que con sus actos puedan desconfigurar o desarticular la organización y/o funcionamiento”, por lo que piden evitar la intención del Poder Legislativo de intervenir.
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