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Piden que se cumplan sanciones a represores

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Comunidad indígena y originaria acuden al Fiscal para que se cumpla el compromiso de la alcaldía Xochimilco de frenar la persecución política

OMAR MONTALVO

Ciudad de México.- Pasaron dos meses de la represión que vivió la comunidad indígena y de pueblos originarios en la manifestación frente a la alcaldía Xochimilco, para que el nuevo gobierno que encabeza Circe Camacho cumpla con el compromiso de frenar las denuncias que iniciaron sus antecesores.

Los activistas acordaron una audiencia con Ulises Lara, encargado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hicieron un mitin frente a las audiencias públicas que realiza el gobierno capitalino, por lo que aprovecharon para acordar una audiencia en la Fiscalía el próximo 8 de noviembre con la presencia de los fiscales responsables de los Ministerios Públicos de Tlalpan y de Xochimilco, Mauricio Pazaran y de Bernardo Montoya.

En ambos MP, los manifestantes denunciaron violencia física, amenazas y la filtración de su información personal que permitió a ex funcionarios de Xochimilco, iniciar denuncias contra los inconformes.

En este contexto, el pasado 21 de octubre la alcaldía Xochimilco hizo una declaratoria de que retirarán las denuncias que inició la administración pasada, pues la acción penal se hizo a nombre del órgano político administrativo. Sin embargo, la población originaria también solicitó al Fiscal que este compromiso se cumpla y no quede únicamente como parte de un discurso político que no elimina la persecución política por ejercer su derecho a manifestarse.

Anselma de la comunidad otomí que también fue parte de la represión insistió en que el encargado de la Fiscalía debe cumplir con su palabra y no sólo como parte de un discurso en el que asegura que las autoridades harán lo posible de atender su demanda.

En la manifestación por la que fue denunciado el grupo de activistas, la población de San Gregorio buscaba evidenciar el clima de persecución política que llevaron los gobiernos de José Carlos Acosta (2018-2023) y de Onésima Delgado (2023-2024) en Xochimilco, quiénes denunciaron a una de las defensoras del pueblo originario.

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