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Por Salvador Guerrero Chiprés
Si partimos del supuesto de la inevitabilidad del delito, la respuesta de los gobiernos debe enfocarse en preservar el orden, establecer límites entre lo permitido y lo prohibido e imponer un muro de combate a la impunidad contra las disputas entre criminales y en general respecto de ellos.
El control de la actividad delictiva es una herramienta del Estado para estructurar y regular las conductas sociales; la permisibilidad ante el crimen amplía el margen de acción de los grupos y disminuye la capacidad para garantizar la seguridad personal y patrimonial de la población.
No se puede negar la presencia criminal en los límites de las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, en la parte comprendida entre la colonia Morelos y el Barrio de Tepito. Los principales generadores de violencia en la capital nacional han sido identificados con grupos de esa zona dedicados a la extorsión y venta de droga, delitos detonantes de homicidios dolosos.
La estrategia de seguridad impulsada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, e instrumentada por diversas dependencias, responde no solo a acontecimientos violentos de días recientes, también establece con claridad la decisión de contener la operación de esos grupos.
Una mayor presencia policial de la SSC y labor de inteligencia de la FGJ, así como el apoyo de recursos tecnológicos como las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) forman parte de un modelo integral para imponer fronteras a la delincuencia.
Es cierto, el delito es inevitable, pero la intervención estatal equilibrada, oportuna y proporcional ayuda a su contención, disminución y fortalece la percepción ciudadana de seguridad. Aunque los delincuentes amenacen con acciones disruptivas.
