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El titular Inti Muñoz llevará la transformación de Instituto a Secretaría en un escenario de desalojos y cuentas no pagadas
Omar Montalvo
Ciudad de México.- El nuevo gabinete de gobierno de la Ciudad de México, plantea algunas modificaciones a las dependencias capitalinas como cambiar al Instituto de Vivienda (INVI) por una Secretaría.
Para llevar a cabo la transición, el nuevo gobierno capitalino consideró que Inti Muñoz, es apto para estar al frente de la institución, donde destaca el problema de las deudas.
A través de una auditoría externa a cargo de Rivera y Asociados S.A. se informó en meses recientes al INVI, que cuenta con adeudos de hasta trece años de antigüedad.
Los conceptos de deuda involucran a los gastos en recursos propios, protección civil de alto riesgo, recursos para la mejora de la vivienda que suman hasta 542 millones 226 mil pesos no pagados.
“Observamos que se tienen partidas en conciliación con antigüedad de hasta 13 años, mediante nota informativa el organismo nos menciona que se siguen llevando acciones por las JUD de Tesorería y en Contabilidad y Registro, para depurar dichos saldos”, señala el estudio que dio revisión a las finanzas del INVI, que ahora está bajo la dirección de Inti Muñoz.
Otro de los retos que tendrá que afrontar la nueva Secretaría de Vivienda son las demandas por presunto desalojo que acusan a su ex titular, Anselmo Collazo, de darle privilegio a los desarrollos inmobiliarios por encima de la ciudadanía.
Uno de los casos recientes, tiene lugar en el predio 81 de la calle Guerrero, Perú 24 y Belisario Domínguez 39 en las colonias Guerrero y Doctores, donde se estima el desalojo de 50 familias, para la supuesta construcción de vivienda de interés social.
Inti Muñoz ha declarado que la secretaría tiene el objetivo de construir más de 200 mil viviendas de fácil adquisición.
Paralelamente, cerca de 30 víctimas de despojo han denunciado ante el Congreso local que en tribunales pelean la titularidad del patrimonio inmueble en contra del INVI.
Los afectados señalan que incluso las autoridades para despojarles de sus viviendas, son considerados como invasores ilegales de predios, a pesar de contar con las respectivas pruebas de compra.
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