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Por Jorge Gómez Naredo
@jgnaredo
En el artículo 4 de la Constitución Mexicana se establece que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”.
Si bien es cierto el Estado ha establecido instituciones para cumplir dicho objetivo, no se ha logrado del todo. Hay cientos de miles de familias mexicanas que no tienen acceso a una vivienda y que tienen que invertir una buena parte de sus ingresos en alquilar una.
Por eso, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha puesto un especial énfasis en la construcción de vivienda. Hace unos días anunció que se edificarían más de un millón de casas a bajo costo. El objetivo es que los precios de cada una de las viviendas oscilen entre los 700 mil y un millón 200 mil pesos.
Este programa de construcción de vivienda dará prioridad a las mujeres jefas de familia, a los jóvenes, a personas indígenas y a adultos mayores. Pero no sólo eso. La presidenta también indicó que el gobierno que encabeza crearía una empresa estatal constructora para alcanzar la meta.
Además de ello, Claudia Sheinbaum pretende otorgar más de 450 mil apoyos para mejorar o ampliar viviendas y se busca también regularizar un millón de escrituras, especialmente en zonas donde hay más rezagos económicos.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador avanzó mucho en la construcción de viviendas y en el saneamiento del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), el cual había sido en parte desmantelado por los gobiernos neoliberales. Ahora, con el segundo gobierno de la denominada Cuarta Transformación, se emprende un programa ambicioso para lograr que el mayor número de mexicanos cuenta con una vivienda digna y decorosa.
Los tiempos neoliberales hicieron que la vivienda fuera un bien prácticamente imposible para millones de mexicanos. Lo que se busca hoy es retornar a la idea de que la vivienda no es un lujo, sino un derecho. Bien por eso.
