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Urge aprovechar la Ley Nacional de Ejecución Penal para fomentar el trabajo penitenciario
JUAN R. HERNÁNDEZ
Ciudad de México.- Con la reciente designación de Andrés Ponce Aceituno al frente del sistema penitenciario de la Ciudad de México, los desafíos no son menores. El sistema enfrenta problemas graves como la sobrepoblación y la corrupción, factores que continúan siendo obstáculos clave para su buen funcionamiento.
Los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios (CNSIPEE-F) 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) confirman la magnitud de estos problemas, revelando un aumento preocupante de la población carcelaria.
Según el INEGI, al cierre de 2023, había 233 mil 277 personas privadas de su libertad en la capital, un incremento del 3.2% respecto al año anterior. Este crecimiento refleja la urgente necesidad de ampliar la infraestructura penitenciaria y mejorar los programas de reinserción social.
La saturación en centros como el Reclusorio Norte, Sur, Oriente y el penal femenil de Tepepan genera condiciones de vida precarias para los internos, obstaculizando los esfuerzos por garantizar una rehabilitación efectiva.
Ante este panorama, Samuel Ibarra, abogado especialista en el Sistema Penal Acusatorio y maestro en Procuración de Justicia, señala que otro de los problemas estructurales más graves es la corrupción, tanto entre autoridades como dentro de los penales.
Junto con el Secretario de Seguridad Ciudadana, @PabloVazC, ratifiqué a Paulina Salazar Patiño como Subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, y nombré a Andrés Ponce Aceituno como Subsecretario del Sistema Penitenciario.
Con estos nombramientos, se… pic.twitter.com/Kczaplpjhd
— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 8, 2024
La extorsión de los internos por redes de poder que operan al interior de las cárceles es una práctica común, facilitada por el manejo de efectivo. Ibarra destaca la necesidad de eliminar esta práctica y sustituirla por un sistema de tarjetas supervisadas por las autoridades.
Además, uno de los grandes retos para la nueva administración será erradicar los privilegios que fomentan jerarquías y autogobiernos entre los reclusos, garantizando un trato equitativo.
Aunque Ibarra reconoce avances en este sentido durante la gestión de Omar García Harfuch en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aún queda mucho por hacer para asegurar una gestión transparente y justa.
Ibarra propone también aprovechar la Ley Nacional de Ejecución Penal para promover el trabajo penitenciario mediante alianzas con empresas como COPARMEX o CANACINTRA. Esta colaboración permitiría a los internos obtener ingresos de manera controlada y contribuir a sus obligaciones alimentarias o la reparación del daño.
“Estas medidas no solo ayudarían a reducir la corrupción y las estructuras de poder dentro de los penales, sino que también promoverían una reinserción más efectiva”, concluyó el especialista.
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