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octubre 07, 2024

México

Existe, pero no se aplica la Ley Malena

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De 500 casos estimados en los últimos diez años, sólo se han judicializado dos casos con las penas máximas por violencia ácida

OMAR MONTALVO
GRUPO CANTÓN

Los ataques con ácido en el país son uno de los delitos que se encuentran en vacíos legales que impiden la emisión de sentencias contra los agresores, pues este delito apenas es reconocido como delito autónomo con su respectivo castigo en los estados de Oaxaca, Puebla, Baja California y Ciudad de México, aunque en los últimos diez años se han registrado cientos de casos.

Una medida que implementó el gobierno capitalino para hacer frente a la violencia ácida es iniciar un registro a través de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de las víctimas de estos ataques, en el cual se han detectado 28 incidentes cometidos. Aunque la Fundación Carmen Sánchez ha estimado la existencia de casi 500 mujeres víctimas de violencia ácida a nivel nacional, por el uso de distintas sustancias corrosivas en los últimos diez años, pues la falta de un registro oficial impide conocer la magnitud absoluta del delito.

La Ley Ácida, también conocida como Ley Malena lleva este nombre debido al caso mediático de la saxofonista de Oaxaca, María Elena Ríos, quién es sobreviviente al ataque con ácido de que su expareja el ex diputado del PRI, Antonio Vera, ordenó en 2019 en su contra. Aunque en su estado originario la violencia ácida de 20 a 30 años de cárcel, Vera Carrizal fue absuelto de los cargos por los que fue denunciado.

De los cientos de casos, sólo dos mujeres lograron una sentencia en contra de sus agresores. Carmen Sánchez fue atacada con ácido en 2014 por su expareja, Efrén García y en 2023 un juzgado del Estado de México emitió la pena máxima de 46 años en contra del victimario; y el segundo caso donde la Ley Malena se hizo efectiva, fue en el de Esmeralda Millán, cuando el pasado mes de marzo, un tribunal en Puebla ordenó la pena de 32 años en contra de su expareja Fidel, quién trató de matarla con ácido en 2018.

La Fundación Carmen Sánchez señala que los estados con mayor incidencia de violencia ácida son Ciudad de México, Puebla y Estado de México. Aunque en esta última entidad, los ataques con sustancias corrosivas no son considerados como un delito autónomo, sino que se clasifican como una lesión que se castiga con cinco a 10 años de prisión. Otros estados que mantienen una situación jurídica similar respecto a la violencia ácida son Aguascalientes, Hidalgo y San Luis Potosí, mientras que en el resto de entidades, ni siquiera es considerado este tipo de incidentes en su respectivo código penal.

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