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Juan R. Hernández
En la Ciudad de México, un fenómeno preocupante se ha arraigado en varias alcaldías: la privatización de las calles bajo el pretexto de la inseguridad. Este fenómeno no solo afecta el libre tránsito, sino que también altera la convivencia vecinal y, en ocasiones, se convierte en un acto de desobediencia civil.
Cada vez más vecinos optan por amurallar sus calles, impidiendo el paso de otros vehículos y peatones. La justificación de esta práctica radica en la percepción de inseguridad que muchos sienten en su entorno. Sin embargo, este tipo de medidas no solo es cuestionable, sino también ilegal. La Ley de Cultura Cívica establece claramente en su artículo 25, fracción II, que es una infracción contra la seguridad ciudadana impedir o estorbar el uso de la vía pública sin permiso o causa justificada. Así, el llamado a denunciar estas acciones se vuelve un imperativo, no solo para mantener el orden, sino para preservar la esencia de la vida urbana.
Las calles cerradas suelen ser vías terciarias o locales, a menudo desembocando en callejones sin salida o andadores. Este cerramiento, además de limitar el acceso, afecta a aquellos que no residen en la zona, complicando la movilidad y fomentando un ambiente de desconfianza. Las autoridades, por su parte, tienen la responsabilidad de supervisar y sancionar estas infracciones.
En 2024, las multas por cerrar calles sin justificación oscilan entre 1,194 y 4,342 pesos, aunque hay excepciones en las que, si se presenta una justificación adecuada, las Alcaldías pueden decidir sobre el cierre de calles o colonias, siempre que no se impacte el tránsito ni se impida el acceso a espacios públicos.
Este es un reto que los nuevos alcaldes deben enfrentar. Su tarea será equilibrar las preocupaciones legítimas de seguridad de los vecinos con el derecho fundamental de todos a transitar libremente por la ciudad. La clave está en fomentar una comunicación efectiva entre las autoridades y los ciudadanos, promoviendo soluciones que respeten la seguridad y, a la vez, garanticen el uso de las vías públicas.
