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septiembre 26, 2024

México

Con 64 reformas, AMLO transforma México

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CIUDAD DE MÉXICO.

  • Eliminaron partidas secretas para mayor transparencia
  • Reforma judicial: jueces elegidos por votación
  • Derechos sociales fortalecidos en la Constitución

JUAN R. HERNÁNDEZ
GRUPO CANTÓN

Durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, su gobierno impulsó un ambicioso proyecto de transformación que incluyó 64 reformas constitucionales, las cuales abarcaron diversas áreas clave del país, desde la justicia y la seguridad hasta la economía y los derechos sociales. Estas reformas han dejado una huella significativa en el marco legal de México, con cambios estructurales que prometen impactar el futuro del país.

Uno de los cambios más trascendentales fue la Reforma Integral del Poder Judicial, promulgada en septiembre de 2024. Esta reforma redujo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, limitando su mandato a 12 años.

Además, se estableció que los ministros de la SCJN, magistrados y jueces del Tribunal Electoral y otros órganos judiciales serían elegidos de manera directa y secreta por la ciudadanía, un cambio drástico en la estructura tradicional del poder judicial. También se creó el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de regular la conducta de los funcionarios judiciales.

En el ámbito de la seguridad, la Reforma de la Guardia Nacional fue otra de las piedras angulares de este gobierno. La Guardia Nacional, una institución policial de carácter civil, fue oficialmente adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública.

Esta reforma también otorgó al Congreso la facultad de expedir leyes clave, como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones. Con esta reforma, el gobierno buscaba centralizar y fortalecer el control sobre la seguridad pública, en un país que enfrenta altos niveles de violencia y crimen organizado.

Otra reforma relevante fue la modificación del Artículo 19 Constitucional, que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. A partir de esta reforma, crímenes como la violencia sexual contra menores, feminicidio, y robo a transporte de carga, entre otros, pueden ser castigados con prisión preventiva automática, un tema que ha generado controversia entre quienes apoyan la medida como una herramienta necesaria contra el crimen y quienes la consideran una violación a los derechos humanos.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, la eliminación de las partidas secretas del presupuesto de egresos de la Federación fue un cambio crucial. Esta reforma, aprobada en mayo de 2021, prohíbe el uso de recursos sin una adecuada justificación y supervisión, un paso importante hacia la lucha contra la corrupción en la administración pública.

Otro cambio significativo fue la inclusión de las comunidades afromexicanas en la Constitución como parte de la composición pluricultural de la nación, otorgándoles los mismos derechos que las comunidades indígenas. Esta reforma, aprobada en agosto de 2019, es un reconocimiento histórico para un grupo que ha sido marginado durante siglos y representa un paso hacia la igualdad y el respeto por la diversidad cultural en México.

En el terreno de los derechos sociales, la reforma del Artículo 4° de la Constitución consagró varios derechos esenciales para el bienestar de los ciudadanos, como la creación de un sistema de salud gratuito para quienes no cuenten con seguridad social.

Además, estableció la obligatoriedad de la pensión no contributiva para los adultos mayores y el apoyo económico para personas con discapacidad permanente. Esta reforma reflejó la prioridad del gobierno de López Obrador en fortalecer el estado de bienestar.

En cuanto al sistema electoral, la reforma que permitió la revocación de mandato y la consulta popular fue una de las más discutidas. Esta modificación busca darle más poder a la ciudadanía para evaluar y, si es necesario, remover al presidente de la República o cualquier funcionario público de alto rango antes de que termine su mandato.

Asimismo, la consulta popular se posiciona como un mecanismo directo de participación ciudadana en la toma de decisiones importantes para el país.
Finalmente, en términos educativos, la derogación de la reforma educativa impulsada en administraciones anteriores y la implementación de un nuevo marco legal fue uno de los primeros actos del gobierno de López Obrador.

La reforma educativa de 2019 buscó devolver la rectoría de la educación al Estado y fortalecer la educación pública mediante la creación de un sistema de mejora continua.

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