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Por Eduardo López Betancourt
El paro judicial en México ha generado una situación compleja y preocupante. Los cambios constitucionales realizados por el Ejecutivo Federal y el Poder Legislativo han modificado la estructura del Poder Judicial Federal, reduciendo el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 11 a 9, a partir del próximo año. Además, la designación de ministros, magistrados y jueces, se realizará mediante elección directa, en lugar del sistema indirecto anterior.
Estos cambios han sido realizados siguiendo los lineamientos del constituyente permanente, facultad que tiene el Poder Ejecutivo y Legislativo para realizar cambios trascendentales en la Constitución. Sin embargo, jueces, magistrados y ministros se han opuesto, argumentando que afectan sus derechos laborales. Por lo anterior, la situación se ha vuelto crítica, provocando un paro judicial que lleva varias semanas afectando a la sociedad en general. El Consejo de la Judicatura Federal ha pedido que el paro termine, pero los jueces y magistrados no desean regresar al trabajo.
Al respecto, la solución parece estar en el diálogo y la conciliación, donde es importante que todos estén conscientes de los cambios constitucionales y sus implicaciones, pero también que se protejan los derechos laborales. Tal vez se pueda considerar la elección directa de magistrados y jueces, en tal forma que no genere angustia ni sosiego.
En este momento, México necesita tranquilidad, seguridad y sentido constructivo. Además, es fundamental reconocer que, en cualquier conflicto, no solo una parte tiene la razón y trabajar hacia la conciliación para crear un ambiente de democracia, solidaridad y paz.
En conclusión, las posibles soluciones:
- Diálogo y conciliación: Establecer un diálogo abierto y respetuoso entre los trabajadores, jueces, magistrados y ministros para encontrar una solución que proteja los derechos laborales y garantice la implementación de los cambios constitucionales.
- Elección directa: Considerar la elección directa de magistrados y jueces, pero de manera que no genere angustia.
- Protección de derechos laborales: Garantizar que los cambios constitucionales no afecten los derechos laborales de jueces, magistrados y ministros.
