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Cada año se denuncian a cientos de jueces y magistrados, pero sólo un puñado es castigado; este 2024 se salvan hasta magistrados de la SCJN
OMAR MONTALVO
GRUPO CANTÓN
Aunque cada año hay cientos de denuncias hacia jueces y magistrados que integran las instituciones del Poder Judicial de la Federación (PJF), en los últimos años sólo se han ordenado 53 sanciones. Incluso durante este año se “atoraron” cerca de 60 denuncias que involucran a integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Desde 2018 el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) como órgano encargado de vigilar el correcto desempeño de las instituciones del PJF, sólo ordenó sanciones a 27 magistrados y 26 jueces. En la mayoría de los casos, las sanciones consistieron en inhabilitaciones temporales, multas económicas y apercibimientos. Sólo cinco juzgadores fueron removidos de su cargo.
Los incidentes corresponden a los jueces de distrito en el Penal Puente grande de Jalisco, Francisco Ramos, quien acumuló varias denuncias por acoso sexual, igual que Martín Hernández Zaragoza, ambos durante 2018.
En 2019, Jesús Guadalupe Luna fue destituido del tercer tribunal unitario en materia penal del Primer Circuito de la Ciudad de México, por obtener beneficios adicionales sin comprobar, por montos superiores a 13 millones de pesos y 633 mil dólares. Su nombre es conocido por permitir la liberación de Archivaldo Iván Guzmán Salazar “El Chapito” y Sandra Ávila Beltrán “La reina del Pacífico”. También fue el responsable de exonerar al expresidente Luis Echeverría por la masacre de Tlatelolco en 1968.
En el mismo año, Álvaro Tobilla fue destituido del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por recibir pagos de litigantes en al menos cinco juicios de amparo, lo que pudo beneficiar los procesos. Y en 2020 Arístides Merino fue destituido del Juzgado Primero de Distrito en Chilpancingo, Guerrero, por abusar de su poder al intervenir en las contrataciones de servicios públicos.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF indicó que los posibles casos de corrupción se han incrementado.
La cifra de investigaciones fue de 287 en 2018, incrementó a 826 en 2019, bajaron a 581 durante la pandemia de 2020, pero aumentaron a 1086 en 2021 y a 1045 en 2022. Mientras que las denuncias llegaron a 627 en 2023.
Este 2024 el PJF aprovechó la discusión a la reforma para retrasar las denuncias que este año se hicieron en contra de 50 jueces, 30 magistrados y dos ministros. Las acusaciones provienen de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Procuraduría Fiscal y la Consejería Jurídica del Ejecutivo.
Algunos de los denunciados son los ministros de la SCJN Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán por perdonar el pago de impuestos a Elektra y posible conflicto de intereses en relación a la reforma energética. También los jueces Gregorio Salazar por absolver al sobrino de un ex líder del Cártel del Golfo; Yolanda Cecilia Chávez por absolver a uno de los líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); igual que el juez Rogelio León Díaz, por no vincular a proceso a Abraham Oseguera, hermano del principal líder del CJNG.
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